21 días han pasado desde que la Junta de Andalucía declarase la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto, a raíz de que se detectase un aumento de casos de listeriosis por el consumo de carne mechada contaminada por la bacteria Listeria monocytogenes. Desde entonces, el número de afectados no ha parado de crecer: 213 en España, 205 de ellos en Andalucía. Incluso ha provocado el fallecimiento de tres personas y seis abortos.
Y tras múltiples declaraciones de todos los agentes implicados, además del cruce de acusaciones entre varios organismos de distinto signo político, estas tres semanas se han saldado con tan sólo dos comparecencias parlamentarias. La del consejero de Salud y Familias de Andalucía, Jesús Aguirre, y la de la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo.
La ministra comparece en la Comisión de Sanidad del Congreso después de reunirse con las consejerías sanitarias de las distintas comunidades autónomas
La de titular sanitaria está teniendo lugar este mismo jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados tras solicitarlo a petición propia, además de ser reclamada por los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. La previsión es que dé cuenta de las actuaciones del Gobierno en relación con el brote de listeriosis.
Por otra parte, cabe recordar que Carcedo presidió la reunión de representantes del Ministerio de Sanidad con los consejeros sanitarios de las distintas comunidades autónomas el pasado 26 de agosto. En ella, se decidió convocar nuevas reuniones entre las autonomías y diferentes órganos de la AESAN para revisar los protocolos de seguridad alimentaria.
AGUIRRE EN EL PARLAMENTO ANDALUZ
Anteriormente, Jesús Aguirre compareció, también a petición propia y por reclamación de los grupos de la oposición, en el Parlamento de Andalucía para explicar las actuaciones llevadas a cabo por su departamento. La principal novedad de dicha intervención fue anunciar que la Junta de Andalucía se iba a personar como acusación particular contra Magrudis S.L., la empresa fabricante de la carne mechada contaminada.
Según adelantó el propio consejero de Salud, la Junta iba a actuar cuando actuarán de esta manera “cuando se incoe un procedimiento penal” con el objetivo de “defender los intereses de los familiares de los fallecidos, las embarazadas que han perdido a sus bebés y al conjunto de los afectados”.