Hace casi un año, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, mostró su disposición de iniciar los trámites para abordar la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. No obstante, en el pasado mes de noviembre, el Gobierno remarcó que cinco regiones aún no habían respondido a una carta del Secretario General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior para iniciar dichos trámites.
En medio de esta disputa, se encuentra también el PSOE. Y es que en una reciente Proposición no de Ley registrada en el Congreso ha exigido al Ministerio del Interior que devuelva a las CC.AA. hasta 110 millones de euros que les adeuda desde 2012. Y es que fue en este año cuando los centros penitenciarios empezaron a devolver las facturas que les llegaba de las distintas autonomías por los gastos que le generaba la atención sanitaria a personas privadas de libertad.
La "solución definitiva" para el PSOE es que se complete el traspaso ya que está pendiente desde el año 2003; desde entonces, sólo Cataluña y País Vasco tienen asumida dicha competencia
En el texto presentado por la formación socialista, apuntan que la postura de las CC.AA. es que actualmente la asistencia sanitaria a los presos le corresponde a la Administración Penitenciaria. Es por ello, que defienden que la comunidad no tiene que soportar “coste alguno por esta asistencia al no ser la titular de este servicio público”. Desde entonces, varias CC.AA. mantienen litigios abiertos con el Estado por estos motivos.
TRASPASO DEFINITIVO DE LA COMPETENCIA
Para el PSOE, la “solución definitiva” pasa por el traspaso de esta competencia, como quedó establecido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que fijó un plazo de 18 meses para que se completaran dichas transferencias. No obstante, tan solo cuentan con ella Cataluña (en 2006) y el País Vasco (en 2011).
La formación socialista solicita además que se establezca una "financiación suficiente" por el "coste real y efectivo" que supone la asistencia de estos servicios y que se abra una nueva negociación en seis meses
Sin embargo, además de reclamar “cuanto antes” que se integre la sanidad penitenciaria en los servicios sanitarios autonómicos, el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado que se garantice “la transferencia a las CC.AA. de la financiación suficiente por el coste real y efectivo de los servicios”.
Y es que, desde el PSOE entienden que “se han visto afectadas en materia sanitaria por importantes recortes del Gobierno central”. Así, si tienen que asumir esta competencia “significa más dificultades y más déficit para ellas”. Por ello, propone que en seis meses se abra una negociación entre Interior y CC.AA. para “resolver la financiación de la atención sanitaria a las personas en prisión”.