La futura Ley de Función Pública continúa avanzando en la negociación de sus pormenores. El texto se encuentra ahora en una nueva ventana de presentación de enmiendas por parte de los diferentes partidos políticos, muchas de las cuales pueden afectar de manera directa a las condiciones laborales del personal sanitario público. Entre las propuestas políticas aparecen la modificación de la jubilación parcial, la extensión de la edad forzosa de retiro, la estabilización de las plantillas, la eliminación de la movilidad forzosa o requerimientos lingüísticos para ejercer en el Sistema Nacional de Salud.
El Partido Socialista ha registrado hasta 37 propuestas a consideración para la citada norma. Se destacan la recuperación de la jubilación parcial o la mejora de los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Asimismo, el PSOE plantea prolongar la edad para la jubilación forzosa hasta los 72 años. Para lo cual tendría que modificarse el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), así como la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado.
El PP aspira a extender de manera voluntaria la jubilación parcial hasta los 72 años, tal y como ya reflejaron también en una reciente PNL presentada en el Congreso de los Diputados y centrada en los profesionales de Atención Primaria
A su vez, respecto a las medidas de mejora para la conciliación, la formación de Pedro Sánchez ha presentado una enmienda para que el permiso parental en el cuidado de hijos, hijas o menores acogidos -hasta el momento en que cumpla ocho años- tenga una duración no superior a ocho semanas de las cuales dos serán retribuidas, cumpliendo con la Directiva europea. Igualmente, proponen también la acumulación del permiso por nacimiento o adopción para familias monoparentales; así como medidas encaminadas a promover la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos selectivos.
Desde el Partido Popular ponen uno de los focos de sus enmiendas enregular la figura de la excedencia por agrupación familiar en el exterior para que aquellos funcionarios que desempeñen su actividad fuera del país puedan disponer de este derecho sin renunciar a su carrera profesional. Además, coinciden en su propuesta con la idea de extender de manera voluntaria la jubilación parcial hasta los 72 años, tal y como ya reflejaron también en una reciente PNL presentada en el Congreso de los Diputados y centrada en los profesionales de Atención Primaria.
Las enmiendas de Sumar pasan por aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley de Función Pública para intentar avanzar en el principal objetivo político: reducir la jornada laboral máxima a 35 horas semanales
Por su parte, las enmiendas de Sumar pasan por aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley de Función Pública para intentar avanzar en el principal objetivo político que tienen ahora en mente: reducir la jornada laboral máxima –en este caso de los funcionarios- hasta las 35 horas semanales. Igualmente, la formación de izquierda plantea que la jubilación parcial alcance su límite a los 70 años –dos menos de lo propuesto por PSOE y PP- y nunca para personal directivo; así como combatir la temporalidad en los contratos.
Combatir la temporalidad es también una de las principales inquietudes de formaciones como Podemos y Junts para la reforma de la ley. Ambos partidos proponen en sus enmiendas la declaración de "estabilizado en el puesto como empleado público a extinguir" a quienes que se encuentren en "situación objetiva de abuso en la temporalidad" por haber superado los plazos de temporalidad establecidos en la ley, así como para el personal público que ya haya sido cesado o despedido teniendo esa condición y haya recurrido administrativa y/o judicialmente.
Plantea eliminar la tasa de reposición de plantillas que, en el caso de la sanidad pública, impide la contratación de más efectivos, y se alinea con el planteamiento de jubilación parcial voluntaria hasta los 72 años y las jornadas de 35 horas
A todo ello, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), en la línea de otras formaciones nacionalistas, ha registrado modificaciones al texto de la Ley de Función Pública centradas en aspectos como el regular la obligatoriedad de los empleados públicos –también los sanitarios- de disponer de formación específica en las lenguas cooficiales en los territorios donde estas existan. Además, plantea eliminar la tasa de reposición de plantillas que, en el caso de la sanidad pública, impide la contratación de más efectivos; se alinea con el planteamiento de jubilación parcial voluntaria hasta los 72 años y las jornadas de 35 horas; y pretende eliminar la movilidad forzosa de los trabajadores.