Este mes de abril ha traído importantes novedades en el ámbito de la jubilación -activa, demorada y parcial- con la entrada en vigor de la última fase de la reforma de pensiones pactada entre Gobierno, patronal y sindicatos el pasado mes de diciembre. Una buena noticia para muchos trabajadores de nuestro país, que desde este mismo martes dispondrán de más flexibilidad en su retiro laboral. Sin embargo, no será este el caso de los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, que, como personal estatutario de la Administración, verán pasar de largo esta ansiada mejora.
En el ámbito público, solo el personal laboral tendrá la posibilidad de acceder a una jubilación parcial que les permita desvincularse de su empleo de manera progresiva, en función de su edad y circunstancias personales. Todo ello pudiendo compatibilizar trabajo y pensión. En este contexto, sindicatos como CCOO, UGT o CSIF han exigido al Gobierno que se garantice la jubilación parcial anticipada a todo el personal de las administraciones, incluidos los empleados de la sanidad pública española.
Las “demandas claves” de CCOO respecto a la jubilación parcial del personal de la sanidad pública pasan por aspectos como que las CC.AA. incluyan de forma sistemática y permanente las “previsiones necesarias en las Ofertas de Empleo Público”
El responsable de Políticas Públicas, Empleo e Ingesa de CCOO, Jesús Jordán, explica a ConSalud.es que son partidarios de la aplicación del “contrato de relevo en el ámbito sanitario público”, con el fin de permitir la sustitución de trabajadores que se acogen a la jubilación parcial. Una circunstancia que requiere garantizar el estricto cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en los procesos de selección.
Pese a ello, el responsable sindical lamenta que desde diciembre de 2024, CCOO ha instado a Función Pública a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y, sobre todo, la Ley de la Seguridad Social para asegurar el derecho a la jubilación parcial del personal del Sistema Nacional de Salud. “Consideramos que la ausencia de avances legislativos evidencia una clara falta de voluntad política para implementar acuerdos ya alcanzados con la Administración”.
UGT recuerda que el ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió en un acuerdo rubricado el pasado mes de diciembre a que todo el personal estatutario, también del Sistema Nacional de Salud, pudiera acceder a la jubilación parcial anticipada
Aparte de la necesaria modificación legislativa, el responsable sindical nos desgrana que las “demandas claves” de su organización respecto a la jubilación parcial del personal de la sanidad pública pasan por aspectos como que las CC.AA. incluyan de forma sistemática y permanente las “previsiones necesarias en las Ofertas de Empleo Público” para cubrir las vacantes generadas por jubilación parcial, garantizando la disposición presupuestaria correspondiente.
De la misma manera, reclama una serie de “medidas transitorias” hasta que se haga operativa esta jubilación flexible entre los sanitarios. Además, añade Jordán, el Ministerio de Función Pública "debe asumir la responsabilidad de implementar estas medidas, exigiendo responsabilidades a los gestores en caso de retrasos. Exigir al Gobierno el cumplimiento de sus acuerdos, incluyendo la jubilación parcial para todos los empleados públicos, es una de las razones fundamentales por las que nos movilizamos el 8 de abril”.
Llaman al departamento de Óscar López a que convoque una Mesa de Negociación para abordar este asunto o, advierten, "pondrán los servicios jurídicos del sindicato a disposición de los afiliados para la defensa de este derecho”
En la misma línea, desde UGT recuerdan a nuestro medio que el ministro de Función Pública, Óscar López, se comprometió en un acuerdo rubricado el pasado mes de diciembre a que todo el personal estatutario, también del Sistema Nacional de Salud, pudiera acceder a la jubilación parcial anticipada. “El compromiso con el Gobierno es que estas reformas legislativas necesarias se tramiten a la mayor brevedad posible. Ahora les corresponde impulsar, con agilidad, las modificaciones normativas para que el acuerdo se haga realidad”, confían.
Finalmente, CSIF reclama también que se proceda "de manera inmediata” a regular este derecho para todo el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración. Entretanto, denuncian que la actual reforma puesta en vigor "es insuficiente" y deja fuera a una parte significativa del colectivo de trabajadores públicos. Asimismo, llaman al departamento de Óscar López a que convoque una Mesa de Negociación para abordar este asunto o, advierten, "pondrán los servicios jurídicos del sindicato a disposición de los afiliados para la defensa de este derecho”.