La discusión estará servida este miércoles durante la celebración de otro pleno del Consejo Interterritorial del SNS. Junto a la evaluación epidemiológica de la pandemia de Covid-19 en España, que atraviesa actualmente una tercera ola de contagios y fallecimientos tras el periodo de Navidad, el principal punto de debate entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas será la posibilidad de adelantar el inicio del toque de queda.
A pesar del rechazo mostrado por el Ejecutivo central presidido por Pedro Sánchez, el Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó el adelanto del toque de queda a las 20:00 horas, con el propósito de contener el incremento de casos de coronavirus. La vigencia de esta medida, que fue recurrida judicialmente desde Moncloa, está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. Mientras tanto, Sanidad y las propias autonomías han ido posicionándose.
Tras Castilla y León, más de 10 comunidades se han mostrado a favor de adelantar el toque de queda o de tener la posibilidad de hacerlo si lo necesitan
Tras la decisión tomada por Castilla y León, varios gobiernos regionales se han pronunciado al respecto y al menos 11 comunidades se han mostrado a favor de adelantar el toque de queda en sus territorios o de que al menos tengan la opción de hacerlo si la situación epidemiológica lo requiere. Para ello, sería necesario modificar el actual RD del estado de alarma, ya que éste incluye la prohibición de movilidad nocturna entre las 22:00-00:00 y las 05:00-07:00 horas.
Por ejemplo, varias comunidades gobernadas por el PSOE han anunciado que lo solicitarán en el pleno del Interterritorial. Desde Baleares, la presidenta Francina Armengol reclama contar con “todas las herramientas a su alcance” para gestionar la crisis. Emiliano García-Page, de Castilla-La Mancha, subraya que “se nos está quedando estrecho el escenario actual”. También en la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig ha anunciado que lo reclamará.
Otros gobiernos con representación socialista (Canarias y Cantabria) también han solicitado “flexibilidad”. Mientras, Andalucía, la Región de Murcia, Cataluña, el País Vasco, Galicia o Madrid han expresado que apoyarán a Castilla y León. En el caso de la región madrileña, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que no lo aplicará al considerar que “hay alternativas para que no sigan arruinándose la hostelería, las clases medias o los autónomos”.
EL GOBIERNO, RETICENTE
En todo momento, el Gobierno ha defendido que ya existen mecanismos para frenar la transmisión sin necesidad de modificar el RD del Estado de alarma. Sabiendo que está prorrogado hasta el mes de mayo, desde Moncloa se muestran reticentes a tener que volver a solicitar la confianza de la mayoría del Congreso de los Diputados si se modifica el texto actual. Por ello, insisten en que se mantenga como está.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado lo siguiente: “No quiero tener una postura de cierre a escuchar nada, pero las medidas se deben valorar bien y con seguridad jurídica”. Desde su punto de vista, las comunidades autónomas cuentan actualmente con “instrumentos suficientes” para frenar la incidencia de contagios, los cuales “fueron suficientes para doblegar la segunda ola”. A pesar de ello, ha subrayado que escuchará a los consejeros de Sanidad.
Illa cree que las CC.AA. tienen "instrumentos suficientes" para frenar la incidencia; Simón apunta a "alternativas" como el cierre del interior de bares y restaurantes
Este martes, la portavoz del Gobiernose ha pronunciado al respecto. Según María Jesús Montero, “es en el marco del Consejo Interterritorial donde hay que revisar y evaluar, desde criterios científicos y puramente objetivos, el margen que deja el RD y tomar nota de posibles modificaciones”. Aún así, ha reiterado que “el actual RD ampara a la actuación de las CC.AA., quienestienen margen para disminuir la movilidad de los ciudadanos y evitar desplazamientos innecesarios”.
En la misma línea, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), defendió este lunes que “hay otras alternativas para actuar, y algunas comunidades ya las están aplicando, tenemos opciones de controlar la transmisión más allá del toque de queda”. Como “alternativas”, Simón ha mencionado algunas acciones que “no son populares” como es el cierre del interior de bares y restaurantes, “la medida que ha tenido más efecto según la evolución de las comunidades autónomas”.
Normalmente, la mayoría de decisiones del Consejo Interterritorial se toman por consenso. Sin embargo, habitualmente también surgen puntos de fricción entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Sobre este asunto, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha compartido su deseo de que cualquier medida que se adopte sea “por consenso” ya que “el principio de legalidad atañe a todos” y “las decisiones unilaterales no llevan a nada”.