La reforma del sistema de financiación autonómica, en general, y del Sistema Nacional de Salud (SNS), en particular, cada vez muestra más señales de que no se culminará pronto. Para que se pueda avanzar de forma decidida, el Gobierno comunica que hace falta llegar a un gran acuerdo tanto con las comunidades autónomas como entre los partidos políticos.
Así lo ha dejado entrever el propio Ministerio de Hacienda en una respuesta parlamentaria a preguntas del PP sobre este asunto. Según esta contestación, a la que ha tenido acceso ConSalud.es, el departamento que lidera María Jesús Montero subraya que hace falta “un amplio consenso con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)” así como “contar con un consenso entre todos los partidos políticos, buscando una mayoría amplia”.
Hacienda resalta que se trata de “un proceso político de gran complejidad” y cuya duración dependerá tanto del Gobierno como de los consensos que se alcancen a nivel autonómico y político
Del mismo modo, el Gobierno recuerda que también “será necesaria la modificación de una ley orgánica”, para cuya aprobación se requiere la mayoría absoluta de las Cortes. Por ello, resaltan que se trata de “un proceso político de gran complejidad” y cuya duración dependerá no solo de lo que haga el Gobierno, sino también “de los consensosquedebenalcanzarse”, a nivel autonómico y político.
PROPUESTA DE POBLACIÓN AJUSTADA
En la respuesta, el Ministerio de Hacienda menciona la propuesta que envió a las comunidades autónomas el pasado mes de diciembre sobre este asunto. En ella, defendían que la variable de poblaciónajustada era “la más representativa de las necesidades de gasto”. Aún así, reconocían que actualmente era posible “un cálculo más realista, sofisticado y con mayor estratificación”.
El Gobierno propuso que el peso del gasto sanitario en la población ajustada pase de tener una ponderación del 38%, la actual, “a una entre el 40% y el 45%”
En concreto, y tras analizar los indicadores de necesidades de gasto de las comunidades autónomas, apostaban por un apartado sanitario más relevante que ganará peso en el reparto de la financiación. Así, proponían que el peso del gasto sanitario en la población ajustada pase de tener una ponderación del 38%, la actual, “a una entre el 40% y el 45%”.
De igual modo, desde el Gobierno sugerían modificar el cálculo de los coeficientes aplicables a la protección protegida por la asistencia sanitaria, que en vez de 7 tramos de edad pasase a 20 al considerar que “la edad es relevante”. Asimismo, pusieron encima de la mesa la idea de tener en cuenta la distribución el gasto relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y el consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
ESPERA RESPUESTA DE LAS CC.AA.
Desde el departamento que dirige María Jesús Montero afirman que desde enero ya han recibido las “aportaciones y observaciones de las comunidades autónomas” al documento original, las cuales “actualmente se están analizando”. El objetivo de este proceso de escucha es, según el Gobierno, “obtener una fórmula que permita alcanzar el mayor consenso posible entre todas las Administraciones implicadas”.
Aún así, desde Hacienda insisten en que esta iniciativa “aborda una parte importante de la reforma del sistema de financiación” pero señalan que “no es el único elemento” que lo configura. Por ello, precisan que existen otros “aspectos estructurales del sistema que deben abordarse” y que la voluntad del Ejecutivo central es “ir cubriendo etapas”.