El Gobierno trata de modificar el Reglamento sobre la protección a las radiaciones ionizantes

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han lanzado una consulta pública previa

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la ATACH (Fuente: EP)
22 noviembre 2024 | 10:05 h
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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha lanzado una consulta pública previa para modificar el Reglamento de 2022 sobre la protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Aprobado hace dos años, se regulan, entre otras cuestiones, las actividades que evitan o reducen la exposición de las personas a la radiación, actuando sobre las fuentes, las vías de transferencia y las propias personas en situaciones de exposición existente.

Dichas situaciones de exposición existente, sobre las que puede ser necesario llevar a cabo una intervención, según apuntan desde el ministerio, pueden estar provocadas por la existencia de un suelo con contaminación radiactiva, por la presencia en recintos cerrados de gas radón o de radiación gamma emitida por los materiales de construcción, o por la radiación cósmica, en el caso del personal de tripulación de aeronaves y vehículos espaciales.

Aprobado hace dos años, se regulan, entre otras cuestiones, las actividades que evitan o reducen la exposición de las personas a la radiación, actuando sobre las fuentes, las vías de transferencia y las propias personas en situaciones de exposición existente

Mediante esta norma, pretenden modificar los artículos 73 y 74, con el fin de completar la transposición de la referida Directiva 2013/59/Euratom, de 5 de diciembre de 2013, en lo que se refiere al ámbito de aplicación de dicho reglamento. Además de incluir una serie de obligaciones para los responsables de las intervenciones relativas a la evaluación de las medidas, a la participación de las administraciones en su implementación y al suministro de información al público.

La citada Directiva debería haberse transpuesto en 2018 y como consecuencia de no hacerlo, en junio de 2022 la Comisión Europea presentó una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en septiembre de 2023 falló en contra de España.

El plazo para presentar documentación finaliza este sábado, 23 de noviembre.

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