La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Ejecutivo propiciará el correspondiente trámite a la solicitud presentada un día antes por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para que el Ministerio de Sanidad dé a conocer la identidad de los miembros del comité de expertos que ha ayudado a este departamento para tomar las correspondientes medidas durante la pandemia de Covid-19.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha apuntado que “cualquier solicitud que entra por el Portal de Transparencia, el Gobierno la tramita según el procedimiento establecido”. Así, ha añadido que están realizando la tramitación del expediente y que estarán “en condiciones para responderlo en tiempo y en forma una vez que se atienda dicha solicitud”.
Montero defiende que el personal del CCAES "cuentan con las habilidades y competencias" para asesorar al Gobierno y que lo ha hecho también a Ejecutivos anteriores
En todo caso, la ministra de Hacienda ha defendido que “en todo momento el Gobierno y el Ministerio de Sanidad ha atendido a las recomendaciones que han realizado los científicos, los expertos, el personal del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que son funcionarios”.
Asimismo, ha apuntado que los profesionales que trabajan para el CCAES “cuentan con las habilidades y competencias necesarias para desarrollar un trabajo que no ha sido exclusivo para este Gobierno, sino que también ha servido para otros Gobiernos anteriores al contar con personas muy cualificadas”.
PLAZO DE 10 DÍAS
En concreto, el Consejo de Transparencia ha dado un plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que remita al abogado esta información, una decisión que pone en la vía administrativa, pero que se puede recurrir durante los dos meses siguientes ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.
El CTBG ha desechado el argumento esgrimido por la Dirección General de Salud Pública para retener dicha información, al armar que el hecho de que se hagan públicos los nombres, apellidos y el número de los expertos que han realizado funciones en el marco de la gestión de la pandemia no atenta contra el derecho a la protección de datos personales.