El Consejo de Ministros ha aprobado la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida en la prima del 17,12%, por encima del 14% que habían ofrecido en un primer momento a las aseguradoras, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en un comunicado.
La cantidad total asciende a 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026. Esto supone un incremento bianual de casi 304 millones de euros en comparación con el concierto que vence este año. El concierto ofrece un incremento de la prima que distribuye en un 16,5% en 2025 y un 0,62% adicional para 2026. Desde el Gobierno ha indicado que en los últimos 25 años, el aumento anual de la prima ha sido de media de un 4,4%.
Tras esta subida, la prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros a 1.208,81 eurosen 2026, lo que supone un aumento de la prima por asegurado de 176,69 euros. El cálculo de esta prima tiene en cuenta dos conceptos. Por un lado, cubre los nuevos servicios sanitarios incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud y el incremento de la cuantía de los honorarios médicos.
La cantidad total asciende a 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026. Esto supone un incremento bianual de casi 304 millones de euros en comparación con el concierto que vence este año
Desde Función Pública, por primera vez se tiene en cuenta en el cálculo del concierto el déficit de tarifa, es decir, la diferencia entre primas abonadas y coste sanitario en el que han incurrido las entidades, incluyéndolas en el cálculo a efectos de determinar un incremento de prima que permita compensar las pérdidas y atender los nuevos gastos del sistema sanitario.
Según explicaron desde las aseguradoras a ConSalud, las condiciones económicas actuales del concierto de Muface ya les suponen unas pérdidas de 200 millones de euros cada año. Por ello, consideraban que suscribir el nuevo concierto con una subida de la prima del 14% lo único que haría sería agravar los costes que ya están asumiendo las compañías, tanto por la inflación como por el aumento de la siniestralidad. Ahora, con el 17,12% habrá que ver la respuesta de las aseguradoras.
A pesar de que, durante los últimos 15 años, se han tenido que poner de acuerdo con sus mas y sus menos, y ya conocen este procedimiento ambas partes. Parece que, en esta ocasión, habían llegado a una situación límite”.
En este camino hasta esta decisión final del Gobierno, una gran parte del sector se ha mostrado a favor de las aseguradoras. Este es el caso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que reclamó la semana pasada al Gobierno que garantizase una financiación suficiente para el próximo concierto, a la vez que demandaban una mayor estabilidad del mutualismo administrativo.
Entre las principales conclusiones del informe destaca el trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública afectando, en primer lugar, al modelo asistencial, ya que se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en Atención Primaria
Por parte de la Fundación IDIS, principal representante del sector sanitario privado, además de pedir también que se aumentase la prima, publicaron un informe llamado Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario. Más concretamente, se trata de un análisis sobre los posibles escenarios y las potenciales repercusiones sobre España si el modelo de mutualidades no llegase a renovarse.
Entre las principales conclusiones del informe destaca el trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública afectando, en primer lugar, al modelo asistencial, ya que se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en Atención Primaria (más de 5 millones de visitas). En esta misma línea, según apunta la Fundación IDIS, se produciría un aumento lógico de la presión asistencial que se generaría de forma global y que llevaría a una situación de colapso a ciertas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla-León o La Rioja.
Además, este escenario de cobertura 100% pública generaría una presión sin precedentes sobre la red hospitalaria. Según los datos del informe, se necesitarían aproximadamente 3.975 camas adicionales a nivel nacional para absorber la demanda, lo que representa un aumento del 3,8% de la capacidad actual. Una saturación que no solo impactaría en la calidad de la atención, sino que también tendría consecuencias socioeconómicas significativas. Estiman una pérdida de más de 13.000 empleos en el sector sanitario privado, lo que afectaría, de nuevo, a la economía y a la dinámica del mercado laboral.