El Consejo de Ministros ha avalado este martes la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el artículo 5 de la Ley de Galicia 8/2021, que modifica la Ley 8/2008, de salud autonómica. Según ha apuntado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, esta norma “limita derechos fundamentales” que según la legislación vigente “solo es posible a través de una ley estatal”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la norma aprobada por la Xunta de Galicia “incluye medidas preventivas para proteger la salud pública así como restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos”. En este sentido, ha recordado que esta limitación “solo puede fijarse en una ley orgánica”, de forma que han optado por recurrirle.
El Gobierno denuncia que la ley gallega introduce "medidas de control de personas enfermas" y "obliga a la ciudadanía a someterse medidas de prevención como la vacunación"
En esta línea, Montero ha mencionado como en la ley de salud de Galicia ”se introducen limitaciones a los derechos fundamentales como medidas de control de personas enfermas que incluyen el aislamiento en el domicilio o el internamiento en centros hospitalarios y obliga a la ciudadanía a someterse medidas de prevención como la vacunación".
El Gobierno central ha actuado así después de recabar los correspondientes informes solicitados a la Comisión Permanente del Consejo de Estado con carácter urgente. Según ha precisado la portavoz del Gobierno, mientras la norma esté impugnada quedará “en suspensión” el apartado 5 de la ley. A su vez, el Tribunal Constitucional tendrá “cinco meses” para pronunciarse.
FEIJÓO LO NIEGA
En el mes de febrero, el Parlamento de Galicia dio luz verde, con el único voto del Partido Popular, a la nueva Ley de Salud de esta comunidad autónoma, que entre sus objetivos contempla dar “seguridadjurídica” a la Xunta de Galicia y a los tribunales ante las decisiones que se tomen en época de pandemia como la actual de la Covid-19.
No obstante, de su contenido saltó al foco mediático un artículo en particular sobre el establecimiento de sanciones económicas de hasta 60.000 euros a aquellos ciudadanos que se nieguen a ponerse la vacuna. Tras el revuelo, y ante las dudas sobre si en esta comunidad autónoma se haría obligatoria la vacunación, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que “no es verdad”.
Feijóo alegaba que la ley gallega fijaba una "previsión legal" para que en el caso de que el Gobierno central hiciera obligatoria la vacuna, desde Galicia se pudiera exigir su cumplimiento
El líder regional explicó que “la ley gallega no obliga a la vacunación porque creemos que no tenemos competencias para poder hacerlo”. Sin embargo, defendió que sí que prevé “que en el caso de que el órgano competente lo dicte, en ese caso, en Galicia, con esa ley, podemos obligar a la vacunación y concretamos para ello la tipificación de conductas que den lugar al incumplimiento de la misma”.
De forma concreta, se refirió a que lo que hizo el Ejecutivo gallego fue fijar “una previsiónlegal” para que en el caso de que las autoridades competentes decidan que la vacuna debe ser obligatoria, “en ese caso y en ese contexto, la ley da la autoridad a la salud pública gallega para exigir el cumplimiento de esa vacunación”.
Tras dar su explicación de lo que está recogido en la ley gallega, Núñez Feijóo dió su opinión sobre si la vacuna debe ser obligatoria en un contexto como el actual. A su juicio, “el debatesobre su obligatoriedad para enfermedades contagiosas o muy contagiosas deberíamos abrirlo, sería algo muy procedente”.