La gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha estado empañada desde sus inicios por la falta de transparencia por parte del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), máximo órgano responsable del cumplimiento sobre el deber de informar que tienen los poderes públicos, se encuentra adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pero la ley le otorga carácter independiente. Una concesión que ha hecho valer desde el pasado mes de marzo en cada vez más ocasiones y que se ha traducido en el hecho de que nos encontremos ante uno de los gobiernos más opacos de la historia de nuestro país desde que se cuenta con datos del CTBG (creado en 2015).
Tal y como informan desde El Español, el cumplimiento de las resoluciones emitidas por este organismo público no supera las seis de cada 10. Un dato muy lejano del sometimiento a las órdenes de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy que alcanzó unas cotas del 85%. Las reclamaciones han ido incrementándose de forma paulatina. En 2015 se interpusieron 149 reclamaciones (resueltas el 87,9%), en 2016 257 (resueltas el 85,6%) y en 2017 273 (resueltas el 83,9%). En 2018, hasta la moción de censura contra Mariano Rajoy en el mes de junio, se produjeron 351 reclamaciones siendo resueltas el 82,1%. Actualmente el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez se encuentra inmerso en varios problemas de transparencia relacionados, principalmente, con tres cuestiones: la llegada de inmigración ilegal a las Islas Canarias, el despido del jefe policial que alertó de la pandemia en el mes de enero y la revelación de los nombres de los integrantes del Comité de Expertos que ha asesorado al Ejecutivo central durante la crisis sanitaria.
En 2015 se interpusieron 149 reclamaciones (resueltas el 87,9%), en 2016 257 (resueltas el 85,6%) y en 2017 273 (resueltas el 83,9%). En 2018, hasta la moción de censura contra Mariano Rajoy en el mes de junio, se produjeron 351 reclamaciones siendo resueltas el 82,1%
El pasado jueves 10 de diciembre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no respondía a la exigencia planteada en la última Comisión de Sanidad por la diputada popular, Ana Pastor, para que diese a conocer los nombres de los integrantes del Comité de Expertos que asesoró al Gobierno en la gestión de la pandemia. Una petición que también ha sido formulada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).
El Consejo de Transparencia ordenó el 30 de noviembre al Ministerio de Sanidad que, en un plazo de 10 días hábiles, diese a conocer los integrantes del Comité de Expertos al que aludió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el 6 de mayo, sin querer revelar sus nombres. También ha dado al Gobierno la posibilidad de recurrir durante dos meses ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid.
Según la resolución a la que tuvo acceso Europa Press, la publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos, sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes".
Tras la negativa de Illa a ofrecer alguna respuesta concreta en relación a este asunto, el domingo 13 de diciembre el titular de Sanidad aseguraba que su ministerio actuará según dicten los servicios jurídicos sobre la notificación del CTBG en relación al Comité de Expertos. Sobre este ha reiterado que son “funcionarios” que tienen derecho a “proteger su intimidad”.
La publicación de estos nombres no vulnera el derecho a la protección de datos, sino que, por contra, favorece el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en "decisiones relevantes"
“No tengo inconvenientes en dar los nombres, pero, ¿no tiene derecho un funcionario público a ser protegido en su intimidad?”, afirmaba Illa en la entrevista realizada en el programa Salvados de laSexta. El ministro ha recordado que “todos los informes son públicos” elaborados diferentes técnicos. Illa ha señalado además que estos funcionarios “han hecho su trabajo muy bien”, a pesar de las “presiones” vividas. “Defiendo que haré lo que proceda según la ley”.
Ha asegurado también que es partidario de realizar una “evaluación” más que una “auditoría” sobre la gestión de la pandemia. Siempre desde un punto de vista constructivo para ver cómo se han realizado las cosas durante la crisis sanitaria.
2020, EL AÑO MÁS OPACO
De acuerdo a la información hecha pública por el portal del CTBG (con fecha de actualización del 31 de octubre), el 2020 ha sido sin ninguna el año más opaco. Una situación marcada por el hecho de que el Estado de Alarma suspendió todos los procesos administrativos entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Los datos ofrecidos por el CTBG revelan que el actual Gobierno solo ha resuelto el 60,4% de las reclamaciones presentadas (116 de 193). Cabe señalar que debido a la situación excepcional marcada por la pandemia el número de reclamaciones presentadas ha sido muy inferior al de años anteriores con una media de 19 mensuales.
Tal y como informan en El Español, del resto de reclamaciones presentadas, en 42 de ellas el CTBG acusa al Gobierno de que “no consta cumplimiento”, nueve se encuentran en estos momentos recurridas en el Contencioso-Administrativo y solo 25 se encuentran en proceso de tramitación. En el escenario más optimista, el nivel de transparencia al que puede aspirar el Gobierno este año es del 73%.
TRANSPARENCIA, ASIGNATURA PENDIENTE
Más allá de los datos reportados por el CTBG, la opacidad en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido una sombra constante en prácticamente todos y cada uno de los pasos dados en la gestión de la crisis sanitaria.
En el escenario más optimista, el nivel de transparencia al que puede aspirar el Gobierno este año es del 73%
Amparados en la urgencia marcada por la pandemia y bajos el paraguas del Estado de Alarma y otros instrumentos legales interpretados a conveniencia, muchas de las decisiones adoptadas desde Moncloa en los últimos meses han generado numerosas dudas. Los últimos ejemplos que hemos conocido han sido por ejemplo la revelación de la subcontratación realizada por Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, para la gestión de los datos epidemiológicos de las comunidades autónomas siete meses después de su rúbrica, o la rectificación, ocho meses después, del error cometido por el Gobierno en el nombramiento de la propia Lacruz.
Es necesario recordar además que los errores cometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y, en especial por el Ministerio de Sanidad con Salvador Illa al frente, se han ido sucediendo desde el pasado 30 de enero. El tándem Sánchez-Illa ha ocultado información desde antes de la declaración del Estado de Alarma minimizando los riesgos de la pandemia para actuar después de forma precipitada con resultados nefastos en numerosas ocasiones como las recordadas compras de test o mascarillas defectuosos entre otros.
La falta de transparencia se ha convertido en la tónica del actual Gobierno. Un halo que acompaña a muchas de sus decisiones y que ha sido la piedra angular en muchas ocasiones de la estrategia de comunicación gubernamental. Son más las sombras que las luces en este camino en el que los silencios, las medias verdades y las ambigüedades como recurso para ganar tiempo colman la paciencia colectiva de una sociedad que necesita respuestas.