Tras más de un año desde que se inició la pandemia de Covid-19, meses de duras restricciones, después de un estado de alarma que ha durado siete meses y tras las peticiones de varias comunidades autónomas y los planteamientos de diferentes formaciones políticas, el Gobierno se abre ahora a hacer “cambios legales adicionales” para suplir el estado de alarma y dar cobertura jurídica a restricciones autonómicas como el toque de queda.
A través de un artículo de opinión publicado este lunes en El País, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha planteado que si de las resoluciones judiciales que tome el Tribunal Supremo, una vez se le ha designado como el órgano que unificará criterios, “se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes”.
Campo avanza el apoyo del Gobierno a las declaraciones de estado de alarma que soliciten las comunidades autónomas de manera individual para sus territorios
Estas manifestaciones llegan después de que diferentes Tribunales Superiores de Justicia hayan tomado decisiones dispares en relación a las restricciones planteadas por diferentes comunidades autónomas para saber combatiendo la pandemia una vez ha decaído el estado de alarma. Por ejemplo, el TSJ sí que ha dado su visto bueno al toque de queda planteado por Baleares pero no así los que han propuesto Canarias o el PaísVasco.
Junto a esta propuesta, que no va acompañada de ningún calendario de acción, el ministro de Justicia ha añadido que el Gobierno central “se ha comprometido a apoyar” las declaraciones de estado de alarma que soliciten las comunidades autónomas de manera individual para su territorio “con el alcance que consideren”. Campo defiende en este sentido que se trata de “una posibilidad específicamente prevista en nuestra legislación”.
EL FIN DE LA ALARMA, UNA “BUENA NOTICIA”
En su tribuna, Juan Carlos Campo define que el fin del estado de alarma no es más que una “buena noticia”. A su juicio, esto significa que “lo peor de la pandemia ha pasado y que la excepcionalidad ya no es imprescindible”. Como viene defendiendo el Gobierno en las últimas semanas, considera que el ordenamientojurídico actual “tiene mecanismossuficientes, adecuados a esta fase de pandemia y menos lesivos para los derechos fundamentales”.