El informe insta a crear protocolos e historias clínicas para que se active el cribado en casos en los que la sintomatología se pueda asociar a un maltrato
Para sensibilizar y prevenir, el texto recoge que se puedan utilizar consultas médicas, centros sanitarios y farmacias como plataformas para realizar campañas informativas. En estos centros, además, se instaría a difundir protocolos de actuación para mejorar la detección precoz. Esta formación especializada para los profesionales sanitarios, también se extendería a los planes de estudios de las carreras relacionadas con la Sanidad y en los de las especialidades MIR.Los grupos inciden igualmente en la respuesta institucional que se debe dar ante los diferentes casos. Por ejemplo, proponen el reforzamiento psicológico en unidades de apoyo en el ámbito local, para incidir en la falta de autoestima de las víctimas y romper con la dependencia con la persona que maltrata.
Además, en el ámbito laboral, abogan por garantizar a las empleadas públicas que sean víctimas, entre ellas las sanitarias, a que tengan derecho a la movilidad y que no afecte a su promoción profesional o suponga merma en sus ingresos.
ASISTENCIA SANITARIA
En cuanto a la asistencia sanitaria, el informe plantea una evaluación en el Consejo Interterritorial para introducir en la cartera de servicios del SNS la cirugía restauradora, para aquellas víctimas que la precisen. Por otra parte, insta a crear protocolos sanitarios e historias clínicas para que se activen protocolos de cribado en casos en los que la sintomatología de una paciente se pueda asociar a un maltrato. Esto, además, quedaría identificado en el historial clínico de los pacientes.
Los grupos solicitan al Interterritorial introducir la violencia de género en los manuales de urgencias como diagnóstico diferencial de las distintas patologías
Por otra parte, los grupos políticos solicitan al Interterritorial diferentes actuaciones: introducir la violencia de género en los manuales de urgencias como diagnóstico diferencial de las distintas patologías; elaborar programas de formación para profesionales de Atención Primaria en el ámbito rural; incluir una codificación confidencial para casos de violencia de género en el Proyecto de Interoperabilidad de historias clínicas; o aprobar un Plan de atención integral a los hijos de víctimas mortales de la violencia de género, con inclusión de atención psicológica y psicopedagógica.REMITIDO AL GOBIERNO
Tras su aprobación, el informe ha sido remitido al Gobierno con el objetivo de que, en el plazo máximo de dos meses, lo someta a un acuerdo con representantes de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y civiles. Además, aquellas medidas que supongan la modificación de textos legales en vigencia, serán remitidas a las Cortes Generales en un plazo máximo de seis meses, para su correcta tramitación.