Durante estos días la financiación autonómica ha vuelto a saltar a la esfera del debate público. La razón: esta sería una de las propuestas que el PSOE ha puesto encima de la mesa de cara a buscar apoyos para su investidura. Si bien esta es una discusión que viene y va según la coyuntura, es de vital importancia para ciertos ámbitos como la sanidad. De la financiación autonómica, que viene de los ingresos que recauda el Estado, emanan en gran medida las partidas que tiene cada comunidad para su gestión sanitaria.
En este caso, la propuesta que ha sugerido el partido de Sánchez ha sido la reforma del modelo de financiación, que caducó hace nueve años. Algunas comunidades llevan años reivindicando un cambio, por lo que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, lo calificaba como “una urgencia”. De hecho, como se explica más adelante, el Gobierno presentó un nuevo modelo en el 2021. Y será sobre esa propuesta sobre la que se negocie. Algunas comunidades, que pueden ser importantes en la futura investidura, ya están lanzando advertencias. Por ejemplo, el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, ha propuesto perdonar el déficit fiscal de su autonomía. Cataluña, no obstante, es la comunidad con una mayor deuda.
Lo cierto es que el gobierno de Pedro Sánchez ya intentó hacer una reforma de este modelo en el año 2021, confeccionando una propuesta y enviándola a las comunidades. En esta propuesta se hablaba de usar la variable ‘población ajustada’ para calcular cual debía ser el montante para cada región. Esta variable tenía en cuenta no sólo el número de ciudadanos, sino también los factores demográficos y geográficos que podían afectar al coste de los servicios que se iban a financiar con ese dinero.
El gobierno de Pedro Sánchez ya intentó hacer una reforma de este modelo en el año 2021
Esta propuesta daba mayor relevancia a la Sanidad, proponiendo que el gasto aumentase del 38% del momento a un 40% o 45%. También proponía incorporar, dentro del cálculo en Sanidad, la variable de 'población protegida equivalente', incluyendo 20 tramos de edad. Esa edad sería la que se tendría en cuenta para calcular los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, y el consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
Según esa propuesta del año 2021, entre un 25-30% del peso le correspondería a Educación; entre el 6-10% a los servicios sociales; entre el 18-22% al padrón; y entre el 3-4% a variables correctivas como la superficie, la insularidad, la dispersión, la despoblación o los costes fijos.
DIFÍCIL LLEGAR A UN ACUERDO
Las distintas comunidades autónomas que se acogen al régimen común (todos menos Navarra y Euskadi) debían dar o no el visto bueno a la propuesta y trasladar sus alegaciones. Pero en este caso, los intereses pasar de ser políticos a territoriales. Independientemente de si la comunidad está liderada por PSOE o PP, se mantiene una posición u otra al considerar si la cantidad satisface las pretensiones de la región o no. Al no darse un consenso en el 2022, esta propuesta finalmente no se materializó.
María Jesús Montero explicó puso unas líneas rojas para llegar al acuerdo: "un amplio consenso con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)” y “contar con un consenso entre todos los partidos políticos, buscando una mayoría amplia”. Es decir consenso entre partidos y consenso entre regiones.
El tema de la financiación autonómica ha conseguido hacer extraños compañeros de cama. No en vano ha unido a Comunidades con el mismo problema: dispersión, envejecimiento y baja natalidad que hace que el gasto sanitario tenga que ser superior al de otras regiones españolas. Así hemos podido ver firmando acuerdos a regiones como Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja o Castilla La Mancha reclamando lo mismo estuviera en el Gobierno central, Mariano Rajoy hasta 2018 o Pedro Sánchez en la actualidad.
Esta propuesta daba mayor relevancia a la Sanidad, proponiendo que el gasto aumentase del 38% del momento a un 40% o 45%
Algunos líderes autonómicos han criticado que la infrafinanciación repercute en sus servicios. "El actual sistema de financiación coloca a los ciudadanos castellanos y leoneses en una situación de inequidad, obligando a la comunidad a un esfuerzo extraordinario para mantener unos servicios sanitarios de calidad en todo el territorio", llegó a decir hace unos meses El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos.
El nuevo modelo de financiación autonómica que se quiere proponer de cara a las negociaciones para la investidura, tendría entonces que ver con la condonación de la deuda de algunas comunidades. Algunos miembros del PP lo han criticado, diciendo que supone un regalo para los independentistas, pero en otras comunidades también lideradas por el PP, como Valencia, y peor financiadas, un cambio en el modelo sería algo deseable. En esta comunidad, incluso los teóricos socios del PSOE, como Compromis ya han advertido: o se hace frente al problema de la financiación y la deuda o no votarán a favor de Sánchez. Así, en medio de las distintas opiniones, la opción de una modificación ya está encima de la mesa y se podría materializar.