En apenas una semana concluye el primer trimestre de 2025 y el Gobierno parece ver cada vez más lejana la posibilidad de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). La inestabilidad parlamentaria en la que navega el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace que aprobar unas nuevas cuentas parezca toda una quimera. Circunstancia que obligaría a volver a renovar los actuales presupuestos por segundo año consecutivo y frenaría el pleno desarrollo de varias iniciativas sanitarias en marcha o todavía por acometer.
La hoja de ruta del Ministerio de Sanidad recoge importantes estrategias en las que se han venido trabajando con esmero durante los últimos meses y que forman parte de los objetivos trazados desde la cartera de Mónica García para la presente legislatura. Sin embargo, para poder desplegar con éxito medidas como el nuevo Plan de Atención Primaria, el Plan de Salud Mental o el Plan de Prevención de Conductas Suicidas, así como la ampliación de la cartera de servicios públicos en salud bucodental o visual, hace falta dotarse de una oportuna financiación.
El hecho de que el Gobierno se viera obligado a prorrogar nuevamente los presupuestos en 2025 implicaría tener que maniobrar con las mismas prioridades de inversión y cuantías económicas que existían dos años atrás
Como ocurre en otras carteras, el Ministerio de Sanidad se enfrenta ahora al hecho de verse ‘atado de pies y manos’ a la hora de poder plantear las partidas presupuestarias que requerirían. Un ejemplo de esto se observa con la puesta en marcha de la Ley ELA, que cinco meses después de su aprobación sigue pendiente de concretar los plazos de llegada de las prometidas ayudas a los afectados, supeditadas por el Gobierno a la aprobación de los nuevos presupuestos. Una circunstancia que mantiene en vilo a enfermos y familiares.
El hecho de que el Gobierno se viera obligado a prorrogar nuevamente los presupuestos en 2025 implicaría tener que maniobrar con las mismas prioridades de inversión y cuantías económicas que existían dos años atrás, pese a las nuevas necesidades sanitarias que pudieran haber surgido desde entonces. En esta línea, ámbitos como el del Plan de Atención Primaria, de Salud Mental o la compra de vacunas, por ejemplo, tendrían que ceñirse a las mismas dotaciones económicas recogidas en los anteriores presupuestos.
García aclaró que el Plan de Acción para la Prevención del Suicidiocontaría con una dotación propia de 18 millones de euros, independientemente de que haya o no presupuestos aprobados este 2025
En esta línea, uno de los proyectos estrella del Ministerio de Sanidad, la Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública –rechazada la semana pasada en el Congreso, pese a que volverá próximamente a ser votado en el mismo- sí tendría asegurada desde 2023 una partida de 3,2 millones de euros para el equipamiento tecnológico de la futura institución, como parte de los 7,4 millones provenientes de fondos europeos en este ámbito.
En cuanto al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, que recibió luz verde de las CC.AA. el pasado 14 de febrero en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la ministra García aclaró que contaría con una dotación propia de 18 millones de euros, independientemente de que haya o no presupuestos aprobados este 2025. Pese a ello, los consejeros autonómicos no se fían y siguen pendientes de que la titular de Sanidad detalle cómo será el reparto, pues temen que se trate de un “yo invito y tú pagas" del Gobierno.
De ser aprobado -el Plan de Salud Mental- en una nueva intentona, y ante la posibilidad de unos presupuestos prorrogados, habría que ver también dónde queda esta partida presupuestaria y si se ajustaría a la actual inversión
Por su parte, el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, rechazado en aquel mismo Consejo Interterritorial del pasado febrero por las regiones gobernadas por el PP y por el País Vasco, tiene previstos otros alrededor de 38 millones de euros de inversión. De ser aprobado finalmente por las CC.AA. en una nueva intentona, y ante la posibilidad de unos presupuestos prorrogados, habría que ver también dónde queda esta partida presupuestaria y si se ajustaría a la actual inversión en la estrategia de Salud Mental de 2024.
En la misma línea, ambiciosas iniciativas que aspiran a ver la luz este 2025, como el Proyecto de Ley de prevención del consumo de bebida alcohólicas y sus efectos en menores; el Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo, con la ampliación de los espacios sin humo y la regulación de los productos derivados (vapeador, cigarrillo electrónico, etc); o la inclusión de prestaciones bucodentales y visuales en la cartera pública de salud, entre otras estrategias, viven también pendientes de partidas presupuestarias a añadir a la propia inversión autonómica.