El nuevo acuerdo también analizará cómo el Estado ejercerá su responsabilidad fiscal para financiar el sistema de dependencia
Esa ha sido una de las conclusiones que más consenso han despertado en la reciente Conferencia de Presidentes, celebrada entre el Gobierno, con el presidente Mariano Rajoy a la cabeza, junto con los líderes de las distintas regiones del territorio español, a excepción de los presidentes de Cataluña y País Vasco.Por ello, según se extrae del texto acordado (adjunto al final de la noticia), se creará en el plazo máximo de un mes, una Comisión de Expertos formada por miembros del Estado y de las comunidades, cuya finalidad será analizar “el coste efectivo” de los servicios públicos. Este será un requisito básico para formular la nueva financiación autonómica que se fundamente “en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos”.
Ya en la exposición inicial, Rajoy, advirtió a los líderes regionales que era necesaria una mayor recaudación para preservar el Estado del Bienestar debido a que, aunque la previsión para el primer semestre de 2017 es que el PIB vuelva a niveles anteriores a la crisis, la recaudación aún no se ha recuperado en su totalidad ya que actualmente se ingresan 20.000 millones de euros menos que en 2007.
Según anunció el presidente del Gobierno en una rueda de prensa posterior a la celebración de la cumbre autonómica, la revisión fiscal de las autonomías será anual y los acuerdos firmados entre Estado y regiones se evaluarán cada seis meses.
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