Las medidas contra la Covid-19 y el impacto que esta tuvo en los sistemas sanitarios mundiales dejó en todo el mundo una Sanidad golpeada y agotada. Profesionales quemados y falta de recursos e inversión. Esta situación, que se dio en diferentes países miembros de Europa, golpeó especialmente la Atención Primaria, y en concreto, la española. Un informe publicado por la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, señala que en nuestro país, y dos años después de que se declarara la pandemia, la inversión en Primaria es “insuficiente” y la cantidad de personal sanitario, “enormemente insuficiente”.
La Atención Primaria ha sido uno de los tres puntos en los que la comisaria, tras su visita por España, ha puesto el foco en un informe en el que desgrana la situación de diferentes derechos humanos. En el derecho a la salud, el documento recoge un análisis sobre la atención que se realizó a las personas mayores durante la Covid-19, el acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva y la Atención Primaria, definido por el Comisionado como la “base del acceso universal a la atención de salud de calidad”.
Desde Estrasburgo recuerdan que las decisiones del Plan de Acción dependen de las CC.AA. y no existe “una evaluación por parte del Gobierno sobre la implementación del Plan de Atención Primaria y Comunitaria”
Mijatović señala que el principal problema es la falta de inversión. Las Comunidades Autónomas destinaron en 2022 una media un 14,7% de su presupuesto total de Sanidad a la Atención Primaria, muy alejado del 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según datos de Amnistía Internacional a los que la comisaria hace referencia. Un recorte económico que afecta especialmente a la “inclusión” y golpea “más duramente a los marginados y vulnerables económicamente, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los niños”
Durante ese mismo año el Ministerio de Sanidad reflejó en el informe ‘Cumpliendo’ “su compromiso con el impulso a la Atención Primaria" con la movilización de más de 446 millones euros para el despliegue de acciones contenidas en el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023, desde Estrasburgo consideran “positivo” este reparto, pero recuerdan que las decisiones del Plan de Acción dependen de las CC.AA. y no existe “una evaluación por parte del Gobierno sobre su implementación”.
A la falta de financiación se suma la cada vez más menguante cantidad de profesionales sanitarios, destaca la comisaria Mijatović. Una escasez derivada de la gran cantidad de pacientes atendidos por día, de la precariedad laboral y del peso de la burocracia en su labor, indica el informe. El Ministerio y las Consejerías no consiguen paliar esta situación, como se ha visto en la adjudicación de plazas MIR, en las que han quedado vacantes 131 puestos para Medicina de Familia, la única especialidad que no se ha cubierto. En este contexto el comisionado llama a las autoridades a “respetar y proteger los derechos laborales de los trabajadores de la salud y el profesional de asistencia social”.
PASOS A DAR: EQUIDAD E IGUALDAD
El informe del Comisionado indica la necesidad de que España adopte más medidas para promover la salud universal en Primaria, con la promoción de servicios de alta calidad, de la salud y la prevención y el refuerzo de la respuesta sanitaria ante Emergencias a nivel tanto regional como nacional. Además, pone el foco en la “pronta” aprobación de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión en el Sistema Nacional de Salud, parada desde hace meses en el Parlamento.
Lo cierto es que, como hemos recogido varias veces Consalud.es, el proyecto de ley lleva más de un año parado en el Congreso de los Diputados donde la colaboración público-privada ha creado un importante conflicto entre los grupo parlamentarios, con denuncias por parte del PP, ciudadanos y Vox de “demonizar” la sanidad privado y de olvidar a este actor en esta ley de Sanidad. Dunja Mijatović indica la necesidad de aprobar la ley y contar con una estrecha cooperación entre el personal sanitario y la sociedad civil para garantizar el acceso a la salud.
En este sentido, también destacan la importancia de desarrollar una atención sanitaria igualitaria y equitativa entre las Comunidades Autónomas y de aumentar los ingresos y la seguridad de los profesionales sanitarios, eliminando las brechas de géneros existentes en España.