En el último año se han aprobado en España una serie de leyes con el objetivo de mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En febrero las Cortes Generales dieron luz verde a la Ley Orgánica 4/2022 por la que se penaliza el acoso a los mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Un año después el Congreso dio el pistoletazo de salida al Proyecto la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que blinda el acceso al aborto frente a protocolos antiabortistas, como señalaron desde el Gobierno. Además, este año entró en vigor la rebaja del IVA de los productos de higienefemenina al 4%.
Estas medidas han sido aplaudidas por la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović. Tras visitar España, Mijatović ha emitido un informe en el que analiza el cumplimiento de los derechos en nuestro país, incluidos los derechos a la salud en el campo de Atención Primaria, la asistencia a las personas mayores durante la Covid-19 y el acceso a los derechos de salud sexual y reproductiva.
Desde el Comisionado señalan “su satisfacción” ante la adopción de las últimas leyes y medidas que, indican, “promueven la protección de salud y derechos sexuales y reproductivos en España”
En este último punto, desde el Comisionado señalan “su satisfacción” ante la adopción de las últimas leyes y medidas que, indican, “promueven la protección de salud y derechos sexuales y reproductivos en España”. Nuestro país, a ojos del organismo internacional, cumple con los derechos y las obligaciones que los Estados deben realizar con respecto a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Estos consisten en garantizar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo legal, el suministro de información y educación sexual, disponibilidad a los modernos anticonceptivos, respeto a los derechos de la mujer durante el parto y acceso a una salud materna de calidad.
SALUD REPRODUCTIVA, ABORTO Y LEY TRANS
En el informe, la comisaria ha reconocido el conjunto de leyes y medidas que se han adoptado en nuestro país, al “avanzar en la protección de una variedad de aspectos”. De esta forma, durante su visita puso especial atención en la reforma de la conocida como ‘Ley aborto’, en la que destaca, entre otros puntos, el carácter inclusivo al velar por que se cumplan las medidas previstas independientemente del sexo, género, origen racial o étnico, nacionalidad, religión o creencia, salud, edad, clase social, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, estado civil , estado administrativo de los extranjeros, o cualquier otro estado o circunstancia personal o social; así como las personas trans con capacidad para gestar.
En este punto incide en el valor de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, mejor conocida como la ‘ley trans’, norma que establece la educación sexual para tener en cuenta las necesidades específicas de este colectivo y asegura el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres independientemente de su orientación sexual o su condición social. En reproducción asistida no hay que olvidar que en los últimos años las comunidades autónomas trabajan para ampliar la edad de acceso a estos tratamientos, aunque existen múltiples diferencias entre aquellas regiones como Madrid que permiten el acceso hasta los 45 años y aquellas como Castilla- La Mancha que son para los menores de 39 años.
El Comisionado insta a que las Comunidades Autónomas cumplan con lo establecido en la ley y que las mujeres puedan acceder a estos derechos en la sanidad pública
El Comisionado resalta las diferencias existentes en puntos como el acceso a la reproducción asistida o al aborto según la región, e insta a que las Comunidades Autónomas cumplan con lo establecido en la ley y que las mujeres puedan acceder a estos derechos en la sanidad pública. Según destaca, aunque la Ley de 2010 especificaba que una mujer que quiera abortar puede ser derivada a un centro médico privado en circunstancias excepcionales cuando los servicios públicos de salud no puedan realizar el procedimiento en tiempo, “actualmente la mayoría de estas prácticas se realizan en clínicas privadas-concertadas y no todos los hospitales públicos brindan información sobre los servicios de interrupción voluntaria del embarazo”.
De esta manera, desde Estrasburgos se denuncia la falta de cumplimiento en algunos casos de la ‘Ley del aborto’, al no garantizarse la atención en hospitales públicos, gratuitos, accesibles y de proximidad. Además, inciden en las barreras que se encuentran las mujeres migrantes embarazadas para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos; y señalan la inequidad en el acceso de la anticoncepción moderna, aunque en este último punto la comisaria se “complace” en indicar que la reforma de la reforma de la ley indica que los tratamientos de contracepción hormonales, de largo tiempo y los de emergencia van a ser financiado por el Sistema Nacional de Salud, “y se fomenta el desarrollo de la anticoncepción promoviendo la corresponsabilidad de los hombres en la natalidad”, reconocen.
Otro punto del que fue informada la comisaria Dunja Mijatović y que recoge en el informe es la “preocupación” por que no siempre se cumple con la información que se ha de dar a las mujeres sobre los procedimientos de parto. De hecho, indican, en algunos hospitales, principalmente privados, se programan los partos en el momento en el que el médico puede estar, induciendo o acelerando el momento del alumbramiento con diferentes métodos como químicos, partos instrumentales o cesárea. En 2020 el 34,7% de los nacimientos en hospitales privados fueron cesáreas, el 21,8% en los hospitales públicos, “y a menudo sin que las mujeres están debidamente informadas y llevando a cabo maniobras no recomendadas por la Organización Mundial de la Salud”, indican.
En este sentido, desde Estrasburgo recuerdan que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) instó a España a indemnizar a tres mujeres por los daños a la salud física y psíquica sufridos durante su parto en 2009 y 2012. Estas mujeres no han sido compensadas, según la información europea, y la nueva norma no recogería las prácticas como la violencia ginecológica y obstétrica, “pese al llamamiento social y profesional que piden hacerlo”, indica el informe. Por eso, desde el organismo internacional celebran las medidas, pero llaman a su cumplimiento, a la igualdad entre regiones y al acceso equitativo.