El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el informe 'España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo’. Elaborado durante más de un año por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, el documento analiza 50 desafíos a los que se enfrentará el país en las próximas décadas y propone 200 medidas para resolverlos. Entre ellos, el ámbitosanitario cobra un especial protagonismo.
El principal desafío en este asunto es, como ha remarcado Sánchez, “preparar nuestro Estado del bienestar para una sociedad más longeva”, aspirando a una “sanidad pública mejor”. Con este propósito, el objetivo marcado es “elevar progresivamente el gasto público en sanidad, hasta niveles del 7% del PIB en la próxima década, para responder a las futuras necesidades y demandas de servicios sanitarios de una sociedad longeva”. Este mismo porcentaje se lo marcan para las décadas de 2030, 2040 y 2050.
Plantean una Estrategia de Envejecimiento Saludable centrada en la prevención y con la salud mental y las enfermedades neurodegenerativas en el eje
Y para alcanzar este objetivo concreto, los más de 100 expertos e investigadores que han elaborado el informe sugieren que se lleven a cabo “cuatro políticas fundamentales” que tengan como fin “convertir la salud en un eje central de las políticas públicas, en aras de mejorar la resiliencia de la población en edades avanzadas”.
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y EVALUACIÓN
La primera propuesta es crear una Estrategia Nacional de Envejecimiento Saludable que esté centrada “tanto en la prevención y autocuidado de la salud a lo largo del ciclo vital”, a través de la educación en hábitos saludables desde edades tempranas, “como en el refuerzo de las políticas de salud pública y la reducción de las desigualdades en salud”. Entre estas políticas, se remarca tengan como “ejes prioritarios” a la saludmental y las enfermedadesneurodegenerativas “por su especial prevalencia e impacto en la población mayor”.
Sugieren una Agencia de Evaluación de Políticas en Salud, de carácter "autónoma e independiente” que analice las intervenciones que "demuestren éxito"
La segunda de las políticas a desarrollar sería establecer “una Agencia de Evaluación de Políticas en Salud, de carácter autónomaeindependiente”. La finalidad de este organismo sería, evaluar de forma constante “aquellas intervenciones con mayor potencial para mejorar la esperanza de vida en buena salud y reducir las desigualdades”. El objetivo no es otro que reforzar “las que demuestren éxito” y abandonar “aquellas cuyo coste de oportunidad social exceda los beneficios alcanzados”.
UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD “SOLVENTE”
En tercer lugar, se propone “apuntalar la solvencia del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, mediante dos líneas de actuación. Por una parte, el impulso de “cambios institucionales profundos que permitan crear un marco de buen gobierno de la sanidad”. Por ejemplo, aluden al incremento de la transparencia, a la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas en materia sanitaria, favorecer la participación de la ciudadanía y los profesionales o “cultivar la evaluación de las estrategias y políticas en salud”.
Junto a ello, para reforzar al SNS se sugiere “transitar de un modeloorganizativo sanitario como el actual, muy orientado al tratamiento de eventos agudos”, a uno “más centrado en lacronicidad”. De forma concreta, instan a “reforzar la atención primaria” así como “ahondar” tanto en la mejora de la coordinación asistencial como “entre los servicios sanitarios y los cuidados de larga duración”. Dentro de este aspecto, se urge a prepararse “ante potenciales enfermedades emergentes” como la surgida con la Covid-19.
En materia de financiación, proponen que el uso de servicios y prestaciones sanitarias se orienten a una obtención eficiente y equitativa de resultados en salud
FINANCIACIÓN Y RESULTADOS EFICIENTES
Mientras, la cuarta y última de las propuestas se centra en “garantizar que la financiación pública y la utilización de servicios y prestaciones sanitarias se orienten a una obtención eficiente y equitativa de resultados en salud”. En particular, instan a desarrollar “normas y procedimientos” para que la financiación de las prestaciones médicas, medicamentos y tecnologías sanitarias “se realice considerando la relación coste-efectividad de los mismos” y atienda a criterios de equidad.
En esta línea, las actuaciones deberán implicar “la evaluación de la utilización efectiva de las prestaciones, así como la de las organizaciones sanitarias que las proveen”. Finalmente, sugieren que se interrumpan aquellas “intervenciones que se aplican habitualmente en la práctica sanitaria pero cuya efectividad, seguridad y eficiencia no ha sido probada”.