La OPE nacional fue el resultado de un acuerdo entre los sindicatos (CC.OO., CSI-F y UGT) con el Ministerio de Hacienda para la estabilización del empleo público. Como resultado, el pacto consiguió unas 129.000 plazas, de las cuales cerca de 80.000 correspondían al personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta macro OPE se incorporó al los Presupuestos Generales del Estado de 2017 con un calendario que prevé convocatorias hasta 2022.
“Las Comunidades Autonómas se están poniendo las pilas, pero nos gustaría que fuese más rápido y, aunque en un principio planteamos que se celebrasen a la vez para homogenizar baremos, es cierto que harían falta muchos recursos para ello”, explica a Consalud Francisco Javier Martínez, presidente del Sector Nacional de Sanidad de CSIF.
“Muchas Comunidades lo que están haciendo es sacar las OPE de tasa de reposición que eran anteriores, solo Madrid, Cataluña y Andalucía las han convocado aunque por el momento lo único que se ha podido coordinar han sido las fechas de los exámenes”, apunta Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. (FSS-CC.OO.)
Los sindicatos piden a Carmen Montón que sea sensible con este tema y que Sanidad trabaje coordinando a las CC.AA.
Ambos sindicatos recuerdan que la responsabilidad de sacar estas plazas a concurso recae en las CC.AA. “Las plazas se han ido aprobando en mesas sectorial, pero todavía no se han convocado en la mayoría de los sitios”, añade Cabrera.
“Pedimos a la nueva ministra que estos acuerdos sigan vigentes y el Ministerio asuma su papel como coordinador porque hay muchos trabajadores inmersos en estos procesos”, comenta Martínez. Esta reivindicación está en la misma línea que la carta que esta semana Cabrera ha dirigido a Carmen Montón pidiéndole una fecha para retomar el diálogo social en el ámbito sanitario.
Por otra parte, los portavoces de los sindicatos recuerdan que esta medida tuvo como objetivo mejorar la situación de laboral de los trabajadores del sector sanitario ya que la interinidad alcanzaba hasta el 40 por ciento en algunas comunidades. Según Martínez, cuando se planteo el pacto en 2017 se puso como meta conseguir una tasa de interinidad del 8 por ciento para mejorar la precariedad laboral que originan los contratos eventuales.
VOCES EN CONTRA
La Asociación Nacional de Interinos Laborales (ANIL) se ha manifestado en contra de este pacto y ha solicitado ante la Audiencia Nacional la suspensión del acuerdo porque considera que perjudicará a los interinos de larga duración.
Al respecto, Cabrera y Martínez coinciden en que habrá que esperar la sentencia de la Justicia y que la aceptarán aunque insisten que los procesos de acceso a empleo público contemplados en el acuerdo respetan la normativa vigente.