Cinco años después del impacto que la pandemia Covid-19 tuvo en los avances en salud pública en emergencias sanitarias como el VIH o la malaria, el recorte de los fondos por parte de Estados Unidos, que aportaba gran parte de la financiación de los programas sanitarios mundiales, y su retirada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) amenazan con retroceder años de pasos dados, desestabilizar sistemas sanitarios y reducir la ayuda que puede aportar el organismo de naciones unidas.
La retirada de Estados Unidos de la OMS, anunciada por el presidente Donald Trump para el 22 de enero de 2026, supondrá un importante déficit presupuestario que afectará principalmente a la sede de Ginebra, donde trabajan unas 2.600 personas. Se calcula que se perderán 600 millones de dólares para 2025, y que se producirá una brecha en la financiación de 1.900 millones de dólares para 2026-2027.
Tal y como publica en exclusiva Health Policy Watch, la reducción de la financiación está obligando a la OMS a tomar decisiones drásticas. Esta semana, la institución trasladará a los Estados miembros su intención de reducir las divisiones de sus programas de 10 a cinco y los directores en la sede de Ginebra de 80 a 30. También de trasladar los departamentos ubicados en Ginebra a las Oficinas Regionales, con el objetivo de reducir el coste.
Se calcula que la OMS perderá 600 millones de dólares para 2025, y que se producirá una brecha en la financiación de 1.900 millones de dólares para 2026-2027
La reducción de funciones, empezando por los directores de sede que en los últimos años se han multiplicado, es una de las principales medidas con la que se espera compensar el déficit. Sin embargo, los expertos señalan que estas iniciativas no serán suficientes para responder a la emergencia presupuestaria, lo que supone un problema para la lucha de diferentes amenazas de la salud pública.
Como trasladó GeSIDA a ConSalud.es tras el anuncio de Trump, la interrupción de la financiación podría provocar que “más de la mitad de los pacientes que están en tratamiento se queden sin acceso a él", como indicó la Dra. María Velasco, secretaria del Grupo de Estudio del Sida. EE.UU. era hasta el momento el principal donante de ONUSIDA, cuyos fondos se destinaban en un 75% a países africanos.
En el caso de la malaria, Estados Unidos era también uno de los mayores preservadores de los programas contra esta patología. En la última década el país aportó un 37% de la cuantía económica destinada a estas iniciativas dirigidas especialmente a la Región de África de la OMS, donde en 2023 se produjeron el 95% de los fallecimientos por esta patología. "Las personas y comunidades que ya enfrentan la pobreza y la vulnerabilidad sufrirán las consecuencias de estos recortes de financiación. Debemos adoptar medidas centradas en la equidad y defender soluciones sostenibles que no dejen a nadie atrás", en palabras de Dyann Wirth, Grupo Asesor sobre Políticas contra la Malaria (MPAG)
ÁFRICA SE PREPARA
El sector sanitario africano es el que más está pagando el coste de la reducción de la financiación. Como señalan los Centros para el Control y Prevención de la Enfermedad (CDC) del continente, en los últimos cuatro años, tras la pandemia Covid-19, se ha sufrido una disminución del 70% de la Ayuda Oficial al Desarrollo, ayudas que suponen “la columna vertebral de programas sanitarios cruciales” como la salud maternoinfantil, el control de enfermedades de riesgo o la preparación ante pandemias.
En 2001, en la Declaración de Abuja, los países pertenecientes a la Unión Africana se comprometieron a asignar al menos el 15% de sus presupuestos nacionales al sector de la salud, solo Ruanda, Botsuana y Cabo Verde lo han conseguido. De los 53 Estados miembros, más de 30 invierten menos de un 10%, y algunos invierten entre el 5 y 7 %. Además, dependen de la ayuda externa para recibir vacunas y medicamentos (un 90 % se obtiene de esta forma con plataformas e iniciativas internacionales como GAVI).
Para evitar 20 años de retrocesos, los CDC han publicado una estrategia basada en fortalecer la financiación nacional para reducir la dependencia internacional, con medidas como las establecidas en Ruanda, donde se cumple con el objetivo presupuestario, se cubre el 90% del seguro sanitario y se ha conseguido reducir un 70 % la mortalidad infantil. También se busca liberar 3.400 millones de dólares africanos anuales de las ayudas al desarrollo para dirigirlos al sector salud.
En una primera fase, iniciada este año y que durará hasta 2026, se actualizarán los planes de financiación de la Sanidad en 30 países
En otro punto, la estrateguia señala la necesidad de conseguir fondos a partir de “gravámenes solidarios”, impuestos sobre importaciones de alcohol, tabaco o servicio de telefonía móvil, sobre el billete de avión o aprovechar los fondos de la diáspora que aportan 95 mil millones de dólares africanos al año. Como señalan los autores del documento, “es crucial ampliar la cobertura del seguro médico comunitario para reducir los catastróficos gastos directos que aún afectan a 200 millones de africanos”. Por último, trabajarán por aprovechar la financiación público-privado para abordar las deficiencias de infraestructuras, con inversiones en energía renovables para centros de salud, digitalización y fabricación farmacéutica local.
En una primera fase, iniciada este año y que durará hasta 2026, se actualizarán los planes de financiación de la Sanidad en 30 países, se implementarán impuestos solidarios piloto y se lanzarán paneles de transparencia que servirán de base para los cuadros de mando anuales. La segunda fase (2026-2030) ampliará la financiación innovadora y se centrará en el 50 % de la financiación nacional en al menos 20 países.
“En última instancia, el éxito depende de la voluntad política, la solidaridad regional y unos sólidos mecanismos de rendición de cuentas”, señalan los CDC. “Esta estrategia ofrece a África no solo una vía para resolver la crisis actual, sino también una oportunidad histórica para redefinir la arquitectura de la seguridad sanitaria mundial hacia la soberanía sanitaria, la resiliencia económica, la reducción de la migración y una agenda de paz”.