El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado por concluida la XII Legislatura. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que se ha celebrado este viernes, el jefe del Ejecutivo ha anunciado finalmente que las elecciones generales se celebrarán el 28 de abril y que se disolverán las Cortes el 5 de marzo. Así, la noticia del adelanto electoral llega tan sólo dos días después del rechazo del Congreso a su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.
En su discurso, con aires de balance y de primer mitin de la campaña electoral al mismo tiempo, Sánchez ha agradecido a los ministros de su Gobierno “por su compromiso y su trabajo tan intenso en los últimos meses”. Así, ha destacado cómo han trabajado por la “reconstrucción del Estado del Bienestar”, mencionando medidas como la recuperación de “la universalidad de la sanidad pública”.
El adelanto electoral aboca a la sanidad española a un nuevo escenario de incertidumbre, después de una legislatura con tres ministras de Sanidad, y sus equipos, y la paralización de proyectos iniciados
De esta manera, se acaba una legislatura repleta de cambios: dio comienzo en julio de 2016, tras una repetición de elecciones sin acuerdos; en noviembre de ese año, Mariano Rajoy fue elegido de nuevo presidente del Gobierno y para su gabinete nombró a Dolors Montserrat como ministra de Sanidad; posteriormente, el éxito de la moción de censura llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, mientras que el Ministerio de Sanidad ha contado con dos líderes: Carmen Montón (durante tres meses) y María Luisa Carcedo.
Todos estos vaivenes políticos e institucionales dejan a la sanidad española, y a la gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS), con un nuevo escenario de incertidumbre por delante. Esta circunstancia se extrae de los tres cambios de equipos que ha sufrido el Ministerio de Sanidad en los últimos dos años y medio, con el consecuente inicio y a la par paralización de los proyectos puestos en marcha por cada uno de ellos.
NINGUNA LEY SANITARIA APROBADA
El mejor ejemplo de la paralización que ha sufrido el sistema sanitario español es que en esta legislatura, ni Gobierno ni las Cortes Generales han sido capaces de sacar adelante una ley estrictamente sanitaria. Los distintos intentos que ha habido, tanto por parte del Ejecutivo como las que han impulsado los grupos en el Congreso de los Diputados y en el Senado, se encuentran aún en trámite.
La tramitación de las leyes de protección de menores sin alcohol, la universalidad de la asistencia sanitaria, la de muerte digna o la de eutanasia quedarían paralizadas
En el caso del Ejecutivo central, fue Dolors Montserrat quien impulsó la elaboración de la Ley de protección de los menores de edad del consumo de alcohol. La exministra dejó en manos de una ponencia mixta la preparación de un informe previo, el cual no ha sido tan prioritario para los nuevos representantes del Ministerio. Por su parte, primero Carmen Montón, y luego María Luisa Carcedo, han impulsado la ley de universalidad de la sanidad pública, que se quedará paralizada al no tramitarse ya por la vía de urgencia.
Mientras, el Congreso de los Diputados cuenta actualmente con dos proposiciones de ley en trámite, las cuáles se quedarían estancadas al no dar tiempo a culminar su procedimiento con la disolución de las Cortes el 5 de marzo. Por una parte, la ley de muerte digna, impulsada por Ciudadanos, que ha sido respaldada y modificada por el Congreso de los Diputados y que está previsto que se debata en el Senado el 26 de febrero. Mientras, la ley para regularizar la eutanasia, presentada por el PSOE y que aún continúa su tramitación en el Congreso.