Se repite el escenario. El Sistema Nacional de Salud (SNS) en su conjunto está abocado al estancamiento. Al menos, no recibe los estímulos políticos necesarios para que sea capaz de afrontar los retos a los que debe enfrentarse. Y la razón no es otra que el bloqueo que ha quedado instaurado en el panorama político nacional y que culminará en la repetición de elecciones el próximo 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años.
Con suerte, si llegan esta vez sí los acuerdos y no hay terceros comicios, no habrá nuevo Gobierno estatal hasta los primeros meses de 2020. Hasta ese momento, el Ejecutivo continuará en funciones por lo que no podrá ejercer las tareas que le competen. De esta manera, tampoco podrá hacerlo María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones.
El nuevo escenario electoral proporcionará que María Luisa Carcedo permanezca más tiempo en funciones y apartada de sus plenas capacidades que con ellas
La titular sanitaria ha cumplido un año desde que sustituyó a Carmen Montón. De este tiempo, siete meses ha ejercido plenamente, pero en los últimos cinco lo ha hecho en funciones. Sin embargo, el nuevo escenario electoral proporcionará que Carcedo permanezca más tiempo apartada de sus plenas capacidades que en ellas.
Esta circunstancia hará, por tanto, que no pueda emprender las acciones necesarias. Pese a que en España, la prestación de la asistencia sanitaria es una competencia transferida desde hace años a las comunidades autónomas, al Ministerio de Sanidad le corresponde un importante apartado dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En concreto, sobre las cuentas de 2018, le pertenecían 4.251 millones de euros.
REFORMAS PENDIENTES
En este sentido, hasta que no se conforme un nuevo Gobierno no podrán llevarse a cabo actuaciones como la aplicación plena del Marco Estratégico de Atención Primaria o la tramitación de las leyes de universalidad, la del baremo de daños derivados de la asistencia sanitaria, de eutanasia y muerte digna o la de protección a los menores de edad frente al consumo de alcohol.
Por otra parte, quedan pendientes medidas como la renovación del acuerdo con Farmaindustria, la dotación de ayudas económicas a las víctimas de la talidomida, el desarrollo de un nuevo acuerdo con las asociaciones de pacientes, el impulso de la renovación del reglamento del Consejo Interterritorial o el abordaje de los problemas de financiación de las consejerías sanitarias en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómico.