La oposición del PSOE a la regulación de la gestación subrogada en España es de sobras manifiesta. La han expresado en numerosas ocasiones actuales miembros del Gobierno como Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad, o Luisa Carcedo, ministra de Sanidad. El último rechazo en hacerse público ha sido el documento programático presentado recientemente por Pedro Sánchez para intentar repetir como presidente.
En el apartado correspondiente a los derechos sexuales y reproductivos, los socialistas incorporan un rotundo “NO”, en mayúsculas, “a los vientres de alquiler exponiendo que “la explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo”.
El PSOE, en contra de los "vientres de alquiler" porque "socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas"
Al mismo tiempo, el documento incide en que “los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas”. De esta manera, subrayan que “actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país”.
REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y ABORTO
Como contrapunto, el PSOE defiende otras medidas en defensa de “una maternidad libremente decidida”. Por ejemplo, apuestan por garantizar los tratamientos de reproducción asistida “a todas las mujeres” una vez se restablezca oficialmente este derecho en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
Los socialistas apuestan por garantizar los tratamientos de reproducción asistida a "todas las mujeres" y que puedan acudir a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)
Igualmente, proponen desarrollar “políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados” mediante campañas informativas y programas acordados con las comunidades autónomas.
Al mismo tiempo, aseguran que garantizarán “la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)” así como “su integridad física y moral” y su “derecho a la libre circulación”. Para ello, apuntan, establecerán una “zona de seguridad de las clínicas acreditadas” para esta práctica.