La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este miércoles que el Gobierno que preside Pedro Sánchez se compromete a “garantizar la plena aplicación” y a “desarrollar al máximo” laLey Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Además, ha prometido que lo va a hacer “en todos sus aspectos” y para que “se cumpla en todos los territorios”.
En concreto, la ministra ha avanzado que el Ejecutivo central “está trabajando para desarrollar las medidas de salud sexual y reproductiva que incorpora la ley y que el anterior Gobierno dejó sin efecto durante más de seis año”. En este sentido, se ha referido a “la promoción del uso de anticonceptivos, a informar a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos, y establecer la condiciones que permitan que todas las mujeres tengan acceso a los servicios”.
Desde Unidos Podemos han exigido que se revise la ley del aborto para garantizar tres ideas: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir"
La titular de Justicia ha respondido así en el Congreso a una interpelación urgente defendida por Sofía Fernández Castañón, diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y que exigía al Gobierno que garantice la máxima seguridad a las mujeres para que puedan ejercer su derecho a un “aborto libre, seguro y gratuito”. Según esta formación, la mencionada ley no se está desarrollando “a pleno rendimiento”.
Durante su intervención en la tribuna, Fernández Castañón ha instado al Gobierno a “hacer frente a la ofensiva de Pablo Casado y del PP”, que plantee “modificaciones” y se “revise” la ley del aborto para que el Estado pueda garantizar tres “ideas sencillas” como son: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto para no morir”.
PODEMOS DENUNCIA LAS FLAQUEZAS DE LA LEY
La formación morada entiende que la actual ley no ampara los casos de algunas mujeres que no pueden realizar con total libertad una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Por ejemplo, ha lamentado que la sanidad pública “no está dando respuesta” por el hecho de que “el 80% de las interrupciones” se están realizando “en centros y clínicas privadas”.
La ministra de Justicia ha asegurado que la ley del 2010 "defiende la debida protección prenatal sin interferir a las mujeres en su decisión" y que ésta "se aplica con normalidad"
Asimismo, la diputada de Unidos Podemos ha expuesto que se está practicando “violencia institucional” contra las mujeres cuando esta prestación “no está recogida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud” ya que se les está “negando la información y elección del modo en el que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo”. Además, ha puesto de ejemplo que algunas mujeres practican el aborto “de forma farmacológica, sin poder elegirlo, en muchos hospitales públicos”.
Frente a esta exposición, la ministra de Justicia ha defendido que la ley del 2010 “defiende la debida protección prenatal sin interferir a las mujeres en su decisión”, que ésta “se aplica con normalidad” y que “está funcionando con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad”. A su vez ha asegurado que el “derecho al acceso universal a la salud sexual y reproductiva, incluida la IVE, está incluido en la cartera de servicios del SNS”.
MENORES DE 16 Y 17 AÑOS
El Gobierno propone crear un grupo de trabajo en el Consejo Interterritorial "para consensuar los criterios de calidad, los protocolos de atención sobre la IVE a la luz de los avances científicos para la práctica del mismo"
La interpelación ha supuesto también un debate sobre el derecho a las mujeres de 16 y 17 años a que puedan interrumpir voluntariamente su embarazo. Sofía Fernández Castañón ha pedido que se amplíen los casos para que estas mujeres puedan practicar el aborto “sin necesidad de autorización de la patria potestad” no sólo en casos de “violencia machista” sino en todos.
Sobre este asunto, Dolores Delgado ha precisado que “la gran mayoría de las jóvenes deciden hacer una IVE y buscan una situación de apoyo y acompañamiento de sus familias”. Aún así, ha reconocido que “hay una minoría de chicas que no tienen relaciones normalizadas con padres, madres, tutores y que viven situaciones de riesgo”.
Finalmente, la ministra de Justicia considera “adecuado” crear un grupo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial “para consensuar entre todas las comunidades autónomas los criterios de calidad, protocolos de atención sobre la IVE a la luz de los avances científicos para la práctica del mismo” así como “otros aspectos que consideren convenientes”.