El Gobierno mantiene su oposición pública a la gestación subrogada. Si sobre este asunto ya se han pronunciado las ministras Carmen Calvo (vicepresidenta), Isabel Celáa (Educación) y Luisa Carcedo (Sanidad), también se ha expresado en esta misma línea el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
A través de un comunicado oficial, el departamento que lidera Josep Borrell ha destacado que “sigue desaconsejando el inicio de cualquier proceso de gestación subrogada, recomendación que este Ministerio lleva haciendo desde hace años”. Así ha tratado de rebajar las últimas polémicas surgidas por la protesta de varias familias españolas que se encuentran en Kiev (Ucrania) sin poder inscribir a niños concebidos en el extranjero con esta técnica.
Justicia ha dejado sin efecto la instruccion con la que se podía inscribir a niños concebidos en el extranjero por esta técnica mediante la presentación de una prueba de ADN de uno de sus progenitores
Precisamente este fin de semana, el Ministerio de Justicia dejaba sin efecto la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) en la que se abría la puerta a la inscripción de niños concebidos en el extranjero por gestación por sustitución mediante la presentación de una prueba de ADN que certificara la paternidad o maternidad de uno de los progenitores.
Tras ello, Exteriores ha subrayado que “los cónsules y encargados de los Asuntos Consulares están sujetos al contenido de las Instrucciones de dicha Dirección General, a la normativa sobre Registro Civil y a la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, sin dejar de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado, atendiendo al interés superior del menor”.
ESTUDIAN ALTERNATIVAS
En el caso concreto de Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha destacado que la Embajada de España en Kiev “está realizando gestiones con las autoridades ucranianas para estudiar las alternativas existentes, y atenderá de manera individualizada a las familias españolas que se encuentran en el país para informarles sobre la legislación vigente y las posibilidades legales y para ayudarles a buscar la mejor solución posible en estrecho contacto con el Ministerio de Justicia”.
De la misma, el Gobierno ha defendido que “tiene la obligación de preservar y proteger los derechos de las madres biológicas involucradas en este proceso, independientemente de su nacionalidad, así como de proteger el interés superior del menor”.