El Defensor del Pueblo quiere el Ministerio de Interior se siente a hablar con las comunidades autónomas para comenzar a negociar la transferencia de la sanidad penitenciaria. Así lo revela el Informe anual presentado este pasado martes por esta entidad, encarnada en la persona de Francisco Fernández Marugán, en el Congreso de los Diputados.
Así, tal y como recoge el propio documento la transferencia de la sanidad penitenciaria a los servicios sanitarios autonómicos, conforme prevé la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, permanece pendiente de ser llevada a cabo.
La citada normativa establece que "los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley y mediante el correspondiente real decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía que prevé la Ley General de Sanidad".
El Defensor del Pueblo asegura que la Administración penitenciaria tiene un "especial deber de tutela legalmente establecido" sobre la atención sanitaria y la salud de los reclusos y que esta asistencia sanitaria se está produciendo "en un contexto de creciente falta de personal sanitario propio y de falta de convenios con los servicios sanitarios autonómicos".
"Parece oportuno, pues, que se establezca a la mayor brevedad la negociación entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas", indica el informe anual 2018 del Defensor del Pueblo
Por esta razón, ha recordado que entretanto no se culmine el proceso de transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias "se ha de proceder a la renovación de los convenios con las comunidades autónomas en esta materia".
A principios de 2018, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo "cuanto antes" la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud, "garantizando la transferencia de la financiación suficiente por el coste real y Informe anual del Defensor del Pueblo 2018 144 efectivo de los servicios". Esta iniciativa reiteraba una de 2016, formulada en términos similares.
En este sentido, el Defensor del Pueblo asegura que "parece oportuno, pues, que se establezca a la mayor brevedad la negociación entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas".