Finalmente ha sido este miércoles cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018. De esta manera, será este jueves cuando entren en vigor de manera oficial las cuentas de cada departamento, entre ellas las sanitarias. Según se puede comprobar, se destinarán a políticas sanitarias un montante de 4.253 millones de euros.
Con respecto al proyecto inicial, presentado por el anterior Gobierno en abril, supone un incremento de unos dos millones de euros. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montero, proyectó para sanidad un presupuesto de 4.251 millones de euros, lo que suponía una subida del 3,9% con respecto al año anterior. Se trata, además, de la partida más alta que recibe este departamento desde el año 2011, cuando se proyectaron 4.264 millones.
Con los PGE de 2018, los afectados por la talidomida recibirán una ayuda económica que será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada punto porcentual de su discapacidad
El cambio político, tras el éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, ha motivado que sea ahora el Gobierno del PSOE quien tendrá que ejecutar unas cuentas que no ha diseñado. Además, tendrá que hacerlo en tan sólo seis meses, mientras que ya está empezando a diseñar los PGE de 2019.
SALARIOS Y TALIDOMIDA
Los presupuestos de 2018 tendrán en cuenta el acuerdo firmado entre Montoro y los sindicatos para la mejora laboral de los profesionales sanitarios de la administración pública. Entre ellas, la subida salarial que para este año será del 1,75% y que será aplicado con carácter retroactivo desde enero. Además, se atenderá a las peticiones de las comunidades autónomas para devolver las jornadas de 35 horas semanales y se incluye el 100% de la tasa de reposición en cuanto a la oferta de empleo público.
Por otra parte, la novedad que incorpora las cuentas estatales es el reconocimiento y las ayudas a las víctimas de la talidomida en España con el objetivo de reparar el daño causado por este medicamento comercializado por Grünenthal. El acuerdo final fija que los afectados reconocidos en el registro que se está elaborando recibirán una ayuda económica que será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada punto porcentual de su discapacidad.