Hay episodios en la historia que ponen a prueba los sistemas sanitarios. Fue el caso de la pandemia producida por el SARS-CoV-2, el virus causante de la Covid-19, que solo en Estados Unidos provocó en tres años el fallecimiento de 1,1 millones de personas, una de las tasas de mortalidad más alta del mundo. Una cifra, expresa un ensayo publicado en ‘The BMJ’, que refleja que la respuesta del país a la hora de proteger la vida “fracasó”.
El sistema sanitario americano no es integral. Se caracteriza por estar compuesto por cuatro modelos: un primero de influencia española que es gratuito, gestionado y financiado por el gobierno y que está dirigido a los veteranos e indígenas; otro que ofrece un seguro financiado por el gobierno, pero está gestionado por lo privado, y en él se incluyen los programas de Medicaid (para embarazadas, gente pobre, niños y personas con discapacidad) y el Medicare (para mayores de 65 años); un tercero gratuito gestionado por voluntarios, pero cuyo servicios son pagados íntegramente por el paciente; y un último en el que las empresas y los trabajadores pagan una cuota al mes y los pacientes tienen un seguro privado con coste para ellos.
El 25% de la población no se puede permitir el tratamiento médico que necesita y el 33% lo posterga en caso de enfermedades menos graves
Un sistema, en definitiva, que deja muchas veces al ciudadano desprotegido y que genera grandes inequidades, con “enormes desigualdades raciales y étnicas” que quedaron patentes durante la pandemia, pero que ya se conocían de antes. El 25% de la población no se puede permitir el tratamiento médico que necesita, el 33% lo posterga en caso de enfermedades menos graves, y según un estudio de la Sociedad Americana contra el Cáncer de 2019 el 56% de los adultos del país afirmaba tener dificultades para pagar las facturas médicas.
La parte de salud pública recogida en este modelo, que va dirigido a los más vulnerables y que también consiste en la promoción y campañas sanitarias de prevención e inmunización frente a cualquier patología infecciosa, solo supone el 1% del gasto sanitario total del país. Una financiación “insuficientemente crónica” que no ha sufrido variaciones en los últimos. “El gasto estatal en salud pública se mantuvo estable en la década posterior a la recesión de 2008-09 a pesar de las crecientes necesidades”, aseveran Justin Feldman y Mary Bassett, del Centro Francois-Xavier Bagnoud para la Salud y los Derechos Humanos de Boston y autores del ensayo.
La salud de los estadounidenses ha ido empeorando en los últimos años, ya no solo debido a los hábitos de vida. En los últimos años se ha confirmado un incremento de la mortalidad materna, que ha pasado de un 18,4 por cada 100.000 nacidos vivos en 2019 a un 23,8 csaso por 100.000 nacidos en 2020, y de un 25% en mujeres negras a un 44%, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). La esperanza de vida también se ha estancado o disminuido en los últimos años tras la pandemia, pasando de 78 años a 77 años y 6 meses en 2022, tras dos años de caída tras la Covid-19 que parece que se va recuperando, trasladan los últimos datos de los CDC.
LOS DESAFÍOS DE LA SANIDAD DE EE.UU.
Una situación que no solo responde a una falta de presupuesto en sanidad pública, sino a más desafíos. Durante la pandemia se aprobaron proyectos con el mayor gasto de la historia del país (la Ley CARES costó 2,2 billones de dólares). Sin embargo, este gasto “no estuvo acompañado de una expansión proporcional de las funciones de planificación, coordinación y prestación de servicios del gobierno”, denuncian los autores.
De hecho, como manifiestan en el ensayo, los diferentes estados americanos utilizaron consultorías de gestión para identificar desafíos operativos, recomendar soluciones y guiar la implementación de nuevos programas, lo que diferentes estudios han relacionado con la reducción de la capacidad del Estado, situación definida como "Estado vaciado". A su vez, la investigación en el país está financiada en gran medida con fondos públicos pero dirigido y desarrollado de forma privada por científicos de universidades (predominantemente privadas).
“La tarea es demasiado grande para que la fuerza laboral de salud pública la asuma por sí sola”
“Más del 80% del presupuesto anual de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. financia a estos científicos a través de subvenciones”, indican los autores. Durante la pandemia esta situación no mejoró y creció la preocupación por “la incapacidad del gobierno para afirmar la propiedad y el control sobre los productos que ayudó a desarrollar”.
Los desafíos políticos del sistema de salud pública estadounidense “son formidables”, arguyen. “La tarea es demasiado grande para que la fuerza laboral de salud pública la asuma por sí sola”, indican, aduciendo que, mientras la falta de financiación se puede solventar de forma más sencilla, no ocurre lo mismo con las capacidades cada vez más menguadas del Estado. “Una menor dependencia de consultores y mejores recursos para la investigación y vigilancia administradas por el gobierno ayudarían a garantizar una mejor respuesta a crisis futuras”, concluyen.