El próximo 8 de febrero los españoles podrán subirse al transporte público sin usar la mascarilla. A partir de este miércoles, una vez que entre en vigor la normativa que apruebe el Consejo de Ministros, la mascarilla dejará de ser obligatoria en trenes, autobuses o aviones, así como en centros como ortopedias, ópticas y centros auditivos. Después de casi tres años de pandemia, la mascarilla seguirá siendo obligatoria tan solo en los centros sanitarios como hospitales, centros de salud, clínicas dentales, centros de reproducción humana asistida, centros de interrupción voluntaria del embarazo y en farmacias.
Para llegar hasta aquí, se ha realizado una desescalada en el uso de la mascarilla que tiene varias fechas clave. La primera, el 21 de mayo de 2020, que fue cuando entró en vigor. La segunda, más de un año después, el 26 de junio de 2021 cuando se eliminaba su uso en exteriores. La tercera, el 19 de abril de 2022, cuando el Gobierno decidía poner fin a las mascarillas en interiores. Por último, este 8 de febrero cuando se elimina el cubrebocas en el transporte público.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reiterado en muchas ocasiones que el uso de las mascarillas ha sido el instrumento no farmacológico más eficaz en la lucha contra la pandemia. Al igual que ya hizo cuando se retiraron las mascarillas en interiores, ahora justifica esta decisión en la buena evolución epidemiológica así como la alta cobertura vacunal de la población española. La retirada de la mascarilla llega en un momento en el que los sectores más vulnerables han pedido cautela y un uso responsables, pero con aplausos por la mayor parte de la sociedad. Hasta ahora la evidencia científica ha demostrado que las mascarillas son eficaces tanto para no contagiar a alguien como para no contagiarnos nosotros. Su uso en espacios interiores y aquellos que no lo son, ha sido fundamental a la hora de reducir contagios.
Todas las Comunidades Autónomas han recogido con satisfacción la retirada de la mascarilla aunque han reprochado la falta de información al ministerio de Sanidad al que acusan de improvisación. Sea como fuere, los datos epidemiológicos avalan esta medida tras varias semanas donde la incidencia acumulada tanto en 14 como en 7 días desciende, semana tras semana. También el número de fallecidos y las hospitalizaciones. El dato registrado de incidencia acumulada del pasado viernes es el más bajo desde que se cambiara la forma de contar los contagios y solo se tuvieran en cuenta a los mayores de 60 años. Si miramos la evolución de la pandemia no se alcanzaba un dato tan bajo desde noviembre de 2021.
La evidencia científica ha demostrado que las mascarillas son eficaces no solo a la hora de evitar que nos contagiemos, sino que evitan también que contagiemos a otros
De haber tenido la evidencia científica que hoy tenemos respecto a la mascarilla probablemente no se habrían alcanzado cifras de contagios tan altas en las primeras semanas de la pandemia, en los meses de marzo y abril de 2020. De hecho, como hemos visto, no fue hasta el 21 de mayo, es decir más de dos meses después de la declaración del Estado de Alarma, cuando entró en vigor su obigatoriedad.
Hasta entonces era tan solo una recomendación para la población en general, especialmente para aquellos que tuvieran contacto con positivos, y obligatorio tan solo para sanitarios. Así lo explicaba el entonces portavoz sanitario del Gobierno en la parte más dura de la pandemia, Fernando Simón en abril de 2020: "Es deseable que la gente la lleve, pero hacerlo obligatorio no es algo que se pueda plantear muy a la ligera. Una medida muy importante que puede reducir mucho la transmisión. Es obligatorio su uso en centros asistenciales, pero en la población hay un debate de si se hace obligatoria o no".
Por tanto, en los inicios de la pandemia su uso no era obligatorio. El SARS-CoV-2 era un virus desconocido y fuimos testigos de semanas en las que no se contaba con evidencia científica y la que había, era escasa o confusa en torno al uso de las mascarillas. Además, se sumó el problema de la escasez y de los problemas en su distribución. Ante el temor al contagio los españoles se lanzaron a las farmacias en busca de la protección de las mascarillas poniendo en serio peligro el stock nacional en un contexto internacional en el que las mascarillas eran un bien de primera necesidad.
Durante unos meses, hasta que se hizo obligatorio su uso, la polémica vino por el precio de los cubrebocas, precisamente por su escasez y por las dificultades de que llegaran a España de forma segura. El 21 de abril de 2020, el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa, anunciaba la fijación del precio máximo de venta al público de productos sanitarios como las mascarillas. Estos precios se decidieron en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). Se fijaron a un precio máximo de 0,96 euros la unidad.
Ese precio bajó en noviembre hasta 0.72 euros por la rebaja del IVA del 21 al 4%. Una reclamación que durante meses realizaron partidos políticos y colectivos sociales al tratarse de un bien, como ha quedado claro, de primera necesidad. La negativa del Gobierno generó polémica al escudarse en posibles sanciones por parte de la Unión Europea, a pesar de que países como Portugal, Italia o Francia ya habían determinado la bajada del IVA de las mascarillas.
FUERA EN EXTERIORES
Después de más de un año de obligatoriedad del uso de la mascarilla llegaba el primer respiro. A finales de junio de 2021 el Gobierno aprobaba su eliminación en exteriores siempre que hubiera distancia de al menos 1,5 metros entre personas no convivientes. Sin embargo todavía sería obligatorio en interiores tanto en “espacios cerrados de uso público” como en espacios “cerrados abiertos al público (bibliotecas, farmacias, supermercados, etc.)”. También era necesario llevarlas “en medios de transporte públicos” y lugares asociados como andenes o dársenas, aunque estuvieran al exterior. El decreto del Gobierno también incluía la obligatoriedad de su uso en eventos multitudinarios aunque fuera en exteriores y relajaba su uso para los usuarios de las residencias de ancianos aunque no para visitantes y trabajadores.
El segundo respiro, y casi definitivo, llegaba en abril del año pasado. El Ejecutivo decidía poner fin a las mascarillas en interiores. Una gran mayoría de trabajadores pudo entonces quitarse la mascarilla en la oficina. Para el entorno laboral, uno de los sectores en los que más dudas suscitaba, la mascarilla no resultaba obligatoria "con carácter general”. En todo caso, precisaba que los responsables de prevención de riesgos laborales, y de acuerdo con la evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrían establecer las medidas preventivas que consideraran adecuadas, incluida el uso de las mascarillas, si así lo determinaban. Es decir, lo dejó todo en manos de las propias empresas. En los centros educativos la obligación desaparecía por completo.
Sin embargo, la normativa del Gobierno dejaba su uso obligatorio para transporte público (ya no en los andenes) y también en los centros sociosanitarios. Este miércoles, de nuevo damos otro paso más en la desescalada y el uso de las mascarilla desaparecerá también del transporte y se mantendrá en hospitales y centros de salud. Una medida, esta última, que no sabemos si ha llegado para quedarse de forma defintiiva.