El RD 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y que se debate su convalidación en el Congreso de los Diputados este jueves, supone una reconsideración de la asistencia sanitaria establecida con el RD 16/2012 que aprobó el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy con Ana Mato como ministra de Sanidad.
Esta modificación normativa redunda en la titularidad del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria, principalmente para el colectivo de personas extranjeras en situación irregular. Con el RD de Mato se cambió el concepto de asegurado en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y terminaba por excluir de la asistencia a las personas que no residían en España.
El RD 16/2012 afectó principalmente a extranjeros en situación irregular; frente a ello, muchas CC.AA. se rebelaron aprobando distintas normas, y algunas fueron recurridas por el PP ante el TC
Por entonces, el PP arguyó para su aprobación un informe del Tribunal de Cuentas que alertaba de un posible incremento del turismo sanitario en España, por el pago de la atención sanitaria a personas extranjeras jubiladas. Por ello, el RD 16/2012 trataría de “evitar” algunas de estas situaciones “que están debilitando de forma alarmante la sostenibilidad del SNS”.
Aún así, la norma afectaba de manera general a los extranjeros sin documentación. La asistencia a estas personas sólo podría realizarse a través de los servicios de Urgencias de los centros sanitarios de las distintas comunidades autónomas. Tan sólo podrían ser atendidas de manera normal las embarazadas y los menores de edad.
REBELIÓN DE LAS CC.AA.
Ante esta situación, un buen número de comunidades autónomas se rebelaron contra el RD y aprobaron en sus territorios normas de distingo rango que pretendían corregir esta falta de cobertura sanitaria. Es el caso, por ejemplo, del País Vasco, Navarra, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, Cantabria o Extremadura.
La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, aseguran que en estos seis años se han producido muchas "heridas" a través de la desatención de enfermedades graves y crónicas
Por su parte, el Gobierno del Partido Popular decidió presentar contra algunas de estas normas distintos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Consideraban que estas leyes autonómicas iban en contra del RD estatal. A pesar de tener las leyes suspendidas por la justicia, las CC.AA. han tratado de seguir asistiendo a estas personas.
Mientras, desde Reder, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, aseguran que en estos seis años se han producido muchas “heridas” a través de la desatención de enfermedades graves y crónicas. De hecho, desde 2014 han documentado “68 casos de cáncer, 88 de enfermedades cardiovasculares, 45 de VIH o 116 de diabetes”.
CAMBIOS CON MONTÓN
El Gobierno ha manifestado su intención de revisar los recursos del PP ante el TC sobre las normas autonómicas de universalidad una vez se convalide el nuevo RD
El nuevo RD, presentado por la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, garantiza que el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a “todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español”. Además, se modifica el concepto de asegurado para vincular la cobertura al convenio de ciudadanía y se permite que la atención se establezca en las consultas de Atención Primaria.
Por otra parte, el Gobierno ha manifestado su intención de revisar los recursos del PP ante el TC sobre las normas autonómicas de universalidad. Por ejemplo, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, aseguraba este miércoles que el nuevo RD de universalidad “abre la puerta al desistimiento en los recursos planteados frente a las leyes autonómicas que prevén el acceso al sistema sanitario público de los inmigrantes en situación irregular”.