El cambio de Gobierno que se ha reproducido en el último mes ha llegado en medio de la puesta en marcha de dos acciones políticas de las que los profesionales sanitarios, y el resto de trabajadores públicos, estaban muy pendientes. Por una parte, el acuerdo firmado entre sindicatos y Ejecutivo para avanzar hacia la mejora de sus condiciones laborales y, con ello, la inclusión de algunas de esta medidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018.
Fue en el mes de marzo cuando Cristóbal Montoro, por entonces ministro de Hacienda y Función Pública, logró un acuerdo con las principales organizaciones sindicales (CC.OO., UGT y CSIF) que reflejaba una subida progresiva del sueldo de los funcionarios públicos y otras medidas como el restablecimiento de la negociación colectiva. Ahora, es Meritxell Batet quien se encargará de tratar el asunto, por ser ministra de Política Territorial y Función Pública.
Las principales organizaciones sindicales van a exigir a Batet que se cumpla con las medidas incluidas en el acuerdo firmado por Cristóbal Montoro en el mes de marzo
En las primeras declaraciones de Batet al respecto, se ha percibido que en un principio prevé seguir la senda marcada por Montoro, ya que fue un acuerdo negociado con los sindicatos. De hecho, estos van a exigir a la ministra que se cumpla con las medidas incluidas y firmadas en el acuerdo del mes de marzo. Lo harán en la reunión que están manteniendo este lunes todas las partes.
DIFERENCIAS CON MONTORO
Además de la subida salarial, la recuperación de las 35 horas, la agilización de las OPE o la reducción de la interinidad, cuestiones en las que coincide con Cristóbal Montoro, la ministra Batet ha empezado a introducir en su discurso otra serie de medidas que, a su parecer, podrían introducirse con el objetivo de avanzar en las condiciones laborales de los sanitarios públicos.
La nueva titular de Función Pública ha planteado avances en conciliación e igualdad; el sector sanitario público es uno de los más desiguales, ya que las mujeres cobran al año una media de 10.000 euros menos
Una de ellas ya la ha avanzado durante su comparecencia en el Congreso y se prevé que la comparta este lunes con los sindicatos. Es la de restablecer el derecho de los funcionarios a recibir el 100% de las retribuciones cuando se produzca una incapacidad temporal. La intención del Gobierno es que esta medida se aplique “sin mayor demora”.
Por otra parte, la titular de Función Pública ha prometido que fortalecerá el diálogo con los agentes sociales para avanzar en cuestiones como la jornada laboral, la conciliación o la igualdad. Cabe recordar que el sector sanitario es uno de los más desiguales: las mujeres cobran 10.000 euros menos al año que los hombres. Entre las causas, los sindicatos apuntan a los problemas que se dan en cuanto a conciliación laboral y al techo de cristal que sigue habiendo en la profesión.