El nuevo Tribunal Constitucional, recién renovado y dirigido por Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado que señalara el primer pleno del mes de febrero (días 7, 8 y 9) el estudio del recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Todo esto sucede en plena polémica por la guerra desatada entre Castilla y León y el Gobierno de la nación por las medidas anunciadas por el gobierno regional encaminadas a "fomentar la natalidad y apoyo a las familias" y que el ejecutivo de Sánchez considera que va en contra de los derechos de las mujeres, lo que ha llevado a enviar hasta dos requerimientos a la Junta para su paralización.
El Tribunal Consitucional no va a decidir sobre esta cuestión pero pareciera que la actualidad marca la agenda de los magistrados. De hecho, en un comunicado, el alto Tribunal asegura que su intención es "acelerar" la resolución de los asuntos, tanto los que tienen más "antigüedad" como aquellos que acarrean "una mayor repercusión social y política".
Y la actual ley del aborto, hasta que entre en vigor su reforma, es la que ha generado la batalla entre las administraciones, por tanto se trata de un asunto con repercusión social y política
La polémica viene de lejos. El expediente fue presentado por los populares hace ya 12 años, hecho que no impedirá que la sentencia tenga un importante efecto, a pesar de que en el parlamento está a punto de aprobarse la reforma de esa ley. La nueva norma podría entrar en vigor en febrero o marzo, una vez que se apruebe en el Senado. Una reforma que también podría acabar en el alto Tribunal una vez que PP y VOX han anunciado su postura radical en contra de la misma. Ya en 2010, los populares impugnaron el artículo que permite a la madre interrumpir voluntariamente el embarazo de forma libre antes de la semana 14. Un precepto que lógicamente se mantiene en la reforma.
La urgencia con la que el Constitucional ha llevado a retomar este recurso puede llevar a que la sentencia de la ley de 2010 coincida en el tiempo con la entrada en vigor de su propia reforma. Uno de los grandes cambios de la nueva norma es la posibilidad de que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso de sus tutores legales, opción que fue eliminada por el propio PP en la Ley 11/2015.
Los días 7,8 y 9 de febrero el Nuevo Tribunal Constitucional abordara el recurso sobre la Ley del aborto
Por otra parte, se ha añadido un nuevo artículo para garantizar la “no discriminación” del conjunto de los profesionales sanitarios. De forma particular, se evitará que los sanitarios no objetores “se vean relegados en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”. Mientras, a aquellos que sí objeten también se protegerá mediante “medidas organizativas” con el fin de “evitar que sufran cualquier discriminación derivada de la objeción”.
LA EUTANASIA: SEGUNDO TEMA A TRATAR POR EL NUEVO TC
Si en el primer pleno del nuevo Constitucional se va a tratar el recurso de inconstitucionalidad de la ley del aborto, el segundo Pleno de febrero (días 21, 22 y 23) tiene previsto abordar los recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que cuenta con dos recursos de PP y Vox y que podría ser tumbada por la parte conservadora.
Esta ley, que cumple ahora un año y medio desde que entró en vigor, fue rechazada en las Cortes Generales por ambos partidos de derecha. La formación que dirige Santiago Abascal llegó incluso a presentar su recurso de inconstitucionalidad días antes (16 de junio de 2021) de que entrara en vigor de forma efectiva (25 de junio de 2021).
Por su parte, el pleno del TC admitió a trámite en septiembre de 2021 el recurso presentado por el PP. En él, alegaban que la norma vulneraba varios artículos de la Constitución Española, como el del derecho a la vida y a la dignidad de la persona. Y a pesar del cambio en la dirección popular, con la llegada de Núñez Feijóo, el partido continúa con esta línea.
Durante la sesión el ya presidente ha abordado la nueva configuración interna del TC
Respecto a la propuesta de sucesión de ponencias, se ha aprobado lo siguiente:
1. Los magistrados conservarán las ponencias que tuvieran asignadas, cualquiera que sea la clase y fase en que se encuentre el proceso y de que su conocimiento competa al Pleno, a las Salas o a las Secciones.
2. Las ponencias correspondientes a los magistrados que hayan dejado de formar parte del Tribunal se distribuirán según el orden de antigüedad y mayor edad de los anteriores y de los nuevos miembros.
EL NUEVO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Con la llegada de Conde-Pumpido y el nombramiento de los nuevos magistrados se ha producido un cambio en el equilibrio de las fuerzas en el TC, ya que pasan de una mayoría conservadora de 6 magistrados conservadores frente a 5 progresistas, a una progresista y más holgada de 7 progresistas a 4 conservadores.
Cabe recordar que aún está vacante la plaza de Alfredo Montoya, que renunció el pasado verano por motivos de salud. Este magistrado fue nombrado por el Senado, por lo que debe ser la Cámara Alta quien designe a su sustituto mediante un proceso de selección que ya ha puesto en marcha.
Precisamente la mayoría conservadora ha sido la que guardó los recursos del aborto en un cajón y quien desautorizó la estructura legal que aprobó el Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19. Fue el anterior TC quien tumbó tanto el primero como el segundo estado de alarma y la reforma del Gobierno que dejó a juicio de los TSJ el aval de las restricciones sanitarias de las CC.AA.
Al margen de ello, el Tribunal Constitucional, ahora progresista, aún tiene que resolver varios recursos sobre decretos relacionados con la gestión de la pandemia, algunos de ellos también presentados por Vox, y que representan actuaciones de las Comunidades Autónomas que tienen que ver con la vacunación obligatoria o la fijación de un régimen sancionador.