El pasado martes 25 de julio se celebró el primer Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en el que, los 27 Estados miembros, debatieron sobre el Reglamento (UE) relativo al uso de productos fitosanitarios y biocidas. Los ministros comunitarios debatieron sobre el estudio de la Comisión que, publicado el pasado 5 de julio, complementó la evaluación de impacto sobre un uso sostenible de los plaguicidas.
Desde el Parlamento Europeo, definen a los plaguicidas como un concepto que incluye los productos fitosanitarios, que se aplican en los cultivos vegetales, parques y jardines, y los biocidas, que son los desinfectantes que protegen materiales. La utilización inadecuada de estos productos es nociva para la salud humana, animal y vegetal, aspecto clave para su reglamentación mediante las normas de la UE.
La finalidad es minorar los riesgos asociados a los productos fitosanitarios (PPP) en un 50% y, por consiguiente, garantizar la seguridad alimentaria
La propuesta de reducción de uso de plaguicidas y su alternativa por productos sostenibles es uno de los objetivos de 2030. La finalidad es minorar los riesgos asociados a los productos fitosanitarios (PPP) en un 50% y, por consiguiente, garantizar la seguridad alimentaria. Estas iniciativas están en el marco del Pacto Verde Europeo, concretamente en las Estrategias ‘De la Granja a la Mesa’ y de la Biodiversidad.
Sin embargo, la evaluación del impacto de la Comisión Europea consta de datos recopilados y analizados antes del estallido de la guerra de Rusia en Ucrania. Este hecho preocupa a los estados miembros, que consideran que el impacto a largo plazo de la seguridad alimentaria no se ha tenido en cuenta.
En el Consejo ‘Agrifish’ de septiembre de 2022, 15 de los 27 Estados miembros solicitaron la reevaluación del impacto
El 22 de junio, la Comisión aprobó el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso sostenible de estos productos y modificó el Reglamento (UE) 2021/2115. Pese a esta renovación de la normativa que regula el uso de plaguicidas, en el Consejo ‘Agrifish’ de septiembre de 2022, 15 de los 27 Estados miembros solicitaron la reevaluación del impacto, una remodelación que se ha puesto en relieve en el Consejo celebrado esta semana en Bruselas.
El estudio publicado el 5 de julio complementa la decisión del Consejo del 19 de diciembre de 2022 que, según los estados miembros, necesita una evaluación complementaria sobre el impacto existente del uso de productos fitosanitarios. No solo la guerra de Rusia en Ucrania es un condicionante que puede alterar los datos extraídos, desde la UE también consideran necesario reevaluar los datos cuantitativos, aportar información sobre las áreas sensibles y reducir los plaguicidas mediante una gestión organizada considerando las necesidades de cada estado.
“Una reducción del uso de plaguicidas sin gestionar o mal gestionada puede conducir a reducciones en el rendimiento”
Este Reglamento complementario, a fecha del 13 de julio de 2023 presentado por el Consejo de la UE, incluye las propuestas de la decisión del Consejo. Los Estados miembros consideran como aspectos específicos el impacto de estos productos en la producción de alimentos y en sus precios, el impacto directo en los alimentos y su disponibilidad, la rentabilidad de las pequeñas y medianas fincas, alternativas a estos productos fitosanitarios, el impacto en áreas sensibles y el impacto en la biodiversidad de las zonas forestales y los bosques.
De los aspectos concretos enumerados, los Estados miembros proponen una gestión de los plaguicidas controlada, mediante una transición sin efectos negativos, porque, según exponen en el Reglamento, “una reducción del uso de plaguicidas sin gestionar o mal gestionada puede conducir a reducciones en el rendimiento”. Sin embargo, el Reglamento asegura que “una amplia variedad de estrategias agronómicas y tecnológicas alternativas también hacen posible reducir el uso”. Estas tecnologías están avaladas por la Política Agrícola Común (PAC), que promueve mejoras en los sistemas agrícolas de la UE.
LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN, “UNA PIEDRA ANGULAR”
La Política Agrícola Común (PAC) fomenta el uso de productos sostenibles y la protección de los espacios naturales con sistemas agrícolas de calidad. La PAC es, según la Comisión, “una piedra angular” en la gestión de productos fitosanitarios que proporciona a los agricultores la protección necesaria para priorizar la salud de sus cultivos. Además, ayuda a mantener el rendimiento de los ecosistemas agrícolas.
Las tecnologías de precisión también favorece la aplicación controlada de los productos fitosanitarios y brindan alternativas. En esta medida interviene la PAC, mediante el uso de fondos para garantizar la protección de los ecosistemas agrícolas y contribuir a su buen rendimiento.
La PAC promueve una serie de medidas que buscan la protección de los recursos naturales, la mejora de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático
Otra de las preocupaciones que contempla el Reglamento complementario es la falta de polinizadores y la preocupación ante una posible reducción del rendimiento de los cultivos. Ante esta problemática, la PAC promueve una serie de medidas que buscan la protección de los recursos naturales, la mejora de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Finalmente, la PAC garantiza una protección de los cultivos agrícolas que permitan a los trabajadores del campo “suministrar a la sociedad alimentos seguros, sanos y producidos de manera sostenible”. Desde el Reglamento sostienen que, una de las medidas más eficientes, sería “una reducción significativa en el uso y el riesgo de plaguicidas en los sectores no alimentarios y no forrajeros, ayudando así a cumplir los objetivos de reducción de plaguicidas sin ningún impacto en la seguridad alimentaria”.