ElConsejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Estatal de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. El documento, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha contado con la colaboración del Ministerio de Sanidad, y otras carteras del Gobierno.
Esta nueva estrategia "establece una visión, de la que han participado niños, niñas y adolescentes, con sus aportaciones a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, de la meta que se quiere conseguir para el año 2030: un país por y para la infancia, en el que el conjunto de derechos esté garantizado y sea real y efectivo para todos los niños, niñas y adolescentes", se ha explicado desde el Consejo de Ministros.
Se trata, han informado, de una estrategia integradora de las políticas en materia de bienestar y protección de la infancia y adolescencia, y cuya aprobación era un imperativo tanto a nivel internacional como nacional, pues responde a las observaciones realizadas a España por el Comité de los Derechos del Niño en febrero de 2018, incorporando buena parte de las recomendaciones efectuadas y asumiendo como propios los desafíos que estas plantean".
El documento, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha contado con la colaboración del Ministerio de Sanidad
Este plan está formulado para los años 2023-2030 y se materializa a través de ocho áreas estratégicas: ciudadanía activa de la infancia; acabar con la pobreza infantil y la exclusión social; fortalecer su desarrollo integral y equitativo en un entorno saludable; reforzar su desarrollo en la educación y la cultura; el derecho a la familia, los cuidados alternativos y la desinstitucionalización; la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia; la protección y la inclusión social de la infancia y adolescencia migrante; y garantizar los derechos de la infancia en el entorno digital.
Al respecto de estas líneas, se ha destacado que "cada una de ellas define el impacto que se quiere lograr mediante una serie de metas cuantificables, que permitan valorar y medir el progreso alcanzado: unas metas intermedias a alcanzar en 2025 y una serie de metas finales a lograr en 2030".
Para su elaboración, se ha contado con las aportaciones de los niños, niñas y adolescentes, a través del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, con el objetivo de que la sientan como propia y la vean como un documento que vele por el cumplimiento de sus derechos.
Asimismo, se ha contado con las entidades representativas en el ámbito de la infancia, como así también de los miembros del Observatorio de la Infancia y con el conocimiento y la experiencia de las comunidades y ciudades autónomas, por ser las que ostentan las competencias en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, y de las entidades locales, que en último término se establecen como colaboradoras indispensables en su proceso de implementación.