La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una Proposición no de Ley (PNL) del PSOE en la que reiteran la petición al Gobierno de que emprenda las negociaciones necesarias para completar la transferencia de las competencias sanitarias en materia penitenciaria a las comunidades autónomas, pendiente desde el año 2003.
La diputada socialista Zaida Cantera ha defendido el contenido de esta PNL, debido a que “el Gobierno pasa absolutamente de lo que se dicta en esta casa”, en referencia a anteriores iniciativas aprobadas al respecto. En la exposición de este martes, Cantera ha exigido también al Gobierno que abone a las comunidades autónomas el gasto por la atención sanitaria prestada por estas a la población reclusa. De hecho, ha reclamado que antes de que lleven a cabo las transferencias, se satisfagan “los pagos debidos”.
El PSOE ha denunciado la "escasez de medios y personal" que sufren los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias; reprocha, además, que el Gobierno "pasa absolutamente" de esta cuestión
Desde el PSOE denuncian que “el servicio de salud que se presta a los internos es claramente deficiente”. Por ejemplo, apuntan que existe “escasez de medios y personal” con “más de un 15% de las plazas sin cubrir, facturas sin pagar, facultativos sobrecargados y con los internos recibiendo un trato de tercera”.
RESPALDO DE LOS GRUPOS
La iniciativa, que ha salido adelante con 36 votos a favor y una abstención, también ha recibido el voto positivo del PP. El diputado Jaime Miguel Mateu ha defendido este acto debido a que “estamos trabajando en el tema”, aludiendo a las cartas que el Ministerio del Interior ha mandado a las CC.AA. para iniciar las negociaciones.
El PP, que ha apoyado la PNL, ha apuntado que la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud autonómicos es "voluntario"; de hecho, cita que seis CC.AA. "no han mostrado ningún interés"
Sin embargo, y a pesar de este apoyo, el diputado del PP ha recordado que “la integración de las competencias sanitarias en materia penitenciaria de las comunidades autónomas es un acto voluntario”. Además, ha citado a algunas regiones, “seis, que no han mostrado ningún interés” para asumir dicha transferencia.
También se ha mostrado a favor Eduardo Santos, de Unidos Podemos, quien ha reprochado al Ministerio del Interior por la “dejación de funciones con respecto a la salud de las personas privadas de libertad”, solicitándole que “haga por fin algo”. Asimismo, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha dado el sí, al tiempo que ha informado de otras medidas aprobadas en las comunidades autónomas sobre el mismo asunto. Por ello, ha instado al Gobierno no seguir “eludiendo el cumplimiento de las leyes”.