El Congreso ha aprobado el Proyecto la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, del 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que llega al Congreso después de que el Pleno del Senado diera luz verde al texto la semana pasada.
Esta reforma de la ley del aborto permitirá a las menores de 16 y 17 años el derecho a abortar sin consentimiento paterno, a la vez que "blinda el acceso al aborto frente a protocolos antiabortistas como los planteados por Vox en Castilla y León", apuntaba durante el debate, la senadora del PSOE María Esther Carmonacomo. A la vez que aseguraba que dicha reforma evitaría que ninguna otra CCAA "intente hacer como el PP y VOX, porque las mujeres no precisamos ser tuteladas".
Por su parte, para la derecha del hemiciclo se trata de un proyecto de ley ideológico que no va a librar a España de que se sigan produciendo un elevado número de abortos. La senadora Patricia Rodríguez, del PP, ha tachado la reforma de innecesaria, inoportuna y precipitada, asegurando que el actual ejecutivo es “el Gobierno menos feminista" de la historia y el que "menos" protege a las mujeres. Por su parte, la ministra del ramo, Irene Montero, ha agradecido a la “mayoría progresista del Senado” la aprobación de la ley.
No obstante, tras cuatro horas de discusión, el Proyecto de Ley ha salido adelante en la Cámara Alta con el voto a favor del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Junts, PNV, Más Madrid, Més per Mallorca; el voto en contra del PP, VOX, Ciudadanos, UPN, y la abstención de Geroa Bai, Compromís, Teruel Existe y PRC. En total, 185 votos a favor y 154 en contra, sin abstenciones.
Las menores de 16 y 17 años tendrán derecho a abortar sin consentimiento paterno. A su vez, blinda el acceso al aborto frente a "protocolos antiabortistas"
Al texto, que llegó al Senado el pasado 20 de diciembre y que se tramitó por la vía de urgencia, se presentaron tres propuestas de veto, de las cuales quedaron dos, una de VOX y otra del PP, que fueron rechazadas, y 186 enmiendas, de las cuales solo se aprobó una de Compromís que modifica el artículo 19.2, que dice que los centros sanitarios "proporcionarán el método quirúrgico o farmacológico, de acuerdo con los requisitos sanitarios de cada uno", añadiendo que se habrá de "informar a la mujer sobre los procesos y sus efectos secundarios".
Además, el mismo día de la votación se presentó y, posteriormente, aprobó, una enmienda transaccional firmada por todos los grupos con una modificación técnica del artículo 31, que se refiere al aborto forzoso y la esterilización y anticoncepción forzosas, "por calidad normativa en la redacción".
Con esta enmienda, la ley recoge en su artículo 24 que las administraciones deberán "garantizar el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo" con "la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente".
La norma, además, contempla una importante novedad. Incluye un amplio capítulo sobre el derecho a la salud menstrual, como la baja laboral por tener regla dolorosa, que será de tres días, y el hecho de que los centros educativos deban garantizar productos higiénicos para la menstruación, como forma de combatir lo que se conoce como "pobreza menstrual". Contempla, también, el acceso a los productos higiénicos de forma gratuita a mujeres en situaciones de exclusión y eliminará el IVA para estos productos. Un impuesto que en la actualidad es del 10%.