Los titulares y las lecturas de la triple convocatoria electoral de este domingo son muchas. Pero una de ellas tiene que mirar a Cataluña y a Bruselas al mismo tiempo. Y es que Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, y Antoni Comín, exconsejero de Salud, han sido elegidos como eurodiputados del Parlamento Europeo con la candidatura Junts per Catalunya – Lliures per Europa.
Ambos dirigentes independentistas permanecen huidos desde que en octubre de 2017 fueran suspendidos como presidente y consejero por el Gobierno de Mariano Rajoy al proclamar la independencia en el Parlamento catalán. A diferencia de otros exconsejeros, que están en prisión preventiva mientras se celebra el juicio del procés en el Tribunal Supremo, Comín y Puigdemont no han vuelto a pisar suelo español.
Según indica la Junta Electoral Central, deben acudir al Congreso de los Diputados, en Madrid, recoger su acta en persona y acatar la Constitución Española
Ahora, tras ser elegidos eurodiputados, se iniciará una disputa con las administraciones a la hora de que puedan recoger sus actas. Según indica la Junta Electoral Central, deben acudir al Congreso de los Diputados, en Madrid, recoger su acta en persona y acatar la Constitución Española. Si eso ocurriera, teóricamente serían detenidos ya que se les busca para ser juzgados por el procés.
Cabe recordar que la sesión inaugural de la próxima legislatura en el Parlamento Europeo se celebra el próximo 2 de julio, en Estrasburgo. Por su parte, Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, ha defendido en El País que en otros países de la Unión Europea no es obligatorio e incluso “contrario a las normas” tener que acatar la Constitución.
COMÍN, CONFIADO
Mientras tanto, el exconsejero de Salud se muestra confiado en poder acudir a la Eurocámara el próximo 2 de julio. En declaraciones a El Mon a Rac1, Comín ha incidido en que “a día de hoy no existe una norma española que pueda impedirles ser servidos como eurodiputados”. Además ha advertido que “si España no respeta la reglamentación europea, los que tendrán la última palabra es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo”.