Unos 200 ciudadanos de la Unión Europea (UE) han participado en los últimos meses en paneles de participación, impulsados por las instituciones europeas para definir cuál consideran que debe ser el futuro del continente. Aprovechando la situación causada por la pandemia de Covid-19, los europeos han dejado claro cómo debe ser la atención sanitaria.
En total, estos ciudadanos han aprobado 51 de las 64 recomendaciones debatidas en este periodo en materia de mejora de la salud, de protección del medio ambiente y de actuación ante el cambio climático. Estas conclusiones se llevarán a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, del próximo 21 y 22 de enero, encuentro del que saldrá un informe que se trasladará al Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea.
Los europeos piden salarios y formación común para los profesionales sanitarios, tratamientos de la misma calidad y atención dental gratuita para niños, personas con bajos ingresos y grupos vulnerables
En el fondo, los europeos quieren una mayor equidad de la prestación sanitaria. Por ejemplo, reclaman “normas sanitarias, salarios y formación comunes para los trabajadores sanitarios” de todos los Estados miembros. Además, proponen una base de datos sanitarios común que permita el acceso al mismo por parte de los médicos “en casos de emergencias o enfermedad”, que sea opcional y que garantice la protección de datos personales.
Otra petición en materia de acceso es que la UE garantice que los tratamientos “sean de la misma calidad y de un coste justo”. Para ello, los ciudadanos piden que se amplíen las competencias de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) o que se cree una nueva agencia “especializada en compras, que sea competente para negociar y obtener precios más adecuados para los medicamentos”. En esta línea, exigen que se minimice el riesgo de monopolio de la industria farmacéutica.
También en materia de equidad, los ciudadanos reclaman “atencióndentalgratuita para niños, personas con bajos ingresos y grupos vulnerables”. Además, plantean que la UE tenga máscompetencias para legislar en materia sanitaria, de forma que en situaciones como la vivida con la pandemia de Covid-19 se puede “garantizar la atención médica para todos los ciudadanos” y que permita “emitir reglamentos y decisiones vinculantes”.
SALUD MENTAL Y SEXUAL EN LAS ESCUELAS
Una de las reclamaciones más destacadas por parte de la ciudadanía es influir a los Estados miembros para que incluyan en los currículos escolares “temas sobre salud mental y educación sexual” con el propósito de “disminuir la discriminación y los tabúes y evitar la desinformación”. Para ello, instan a la UE a “desarrollar y poner a disposición un programa estándar sobre salud mental y temas sexuales”.
La saludmental preocupa, y mucho, a los europeos. Tanto es así que junto a la anterior acción plantean que se desarrolle un sistema de comunicación en el que se compartan las buenas prácticas e iniciativas sobre este asunto. Igualmente, proponen que se establezca una semana del año para que se traten y promuevan de forma colectiva “todos los temas relacionados con la salud mental”.
Los ciudadanos piden se garantice que las escuelas cuenten con alimentos saludables y que se desincentive el consumo de alimentos procesados, gravándolos con más impuestos
Por otro lado, los europeos exigen que los productos sanitarios femeninos “dejen de ser considerados productos de lujo a efectos fiscales” al tratarse de productos de primera necesidad. Se refieren, por ejemplo, a anticonceptivos hormonales utilizados por razones médicas o que se armonicen los tratamientos de reproducción asistida “para todas las mujeres, solteras o casadas”. Y otra petición es que se ponga a disposición de la ciudadanía cursos gratuitos sobre primeros auxilios.
ALIMENTACIÓN MÁS SALUDABLE
Los ciudadanos también consideran que las instituciones europeas deben fomentar una alimentación saludable. Para ello, plantean que se fijen “unos estándares mínimos de calidad alimentaria, de trazabilidad y consumo de alimentos de temporada en los comedoresescolares”. Igualmente, instan a que se garantice que las escuelas cuenten con alimentos saludables o que se desincentive el consumo de alimentos procesados, gravándolos con más impuestos.