El escándalo sobre el caso Abidal y el supuesto tráfico ilegal de órganos llega también al Congreso. Ciudadanos ha registrado este miércoles dos iniciativas parlamentarias en relación a este tema.
En una de ella pregunta al Gobierno si tiene previsto convocar “urgentemente” a la Organización Nacional de Trasplantes y a los gerentes del centro implicado, “a fin de revisar el caso descrito en la prensa a fin de revisar qué posibles fallos en el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de calidad y seguridad, y de los protocolos que lo desarrollan”.
A su vez, cuestiona al Ejecutivo si en el caso de Abidal, existe el documento de cesión del órgano “donde se manifiesta la conformidad del donante, extendido por un juez y firmado tanto por el donante, el facultativo que debe ejecutar la extracción del órgano y otros asistentes a la operación".
Ciudadanos pregunta si en el caso de Abida, existe el documento de cesión del órgano “donde se manifiesta la conformidad del donante, extendido por un juez y firmado tanto por el donante, el facultativo que debe ejecutar la extracción del órgano y otros asistentes a la operación"
Por otro lado, y respecto a las medidas que aplica el Gobierno para impedir que en nuestro territorio se contribuya, de forma directa o indirecta, a la donación forzada de órganos en terceros países, Ciudadanos pregunta sobre si este tiene constancia “de que exista, de manera directa o indirecta, colaboración con la República Popular China desde personas físicas o jurídicas, ayudando o instigando la donación forzosa de órganos”.
Esta cuestión deriva de una pregunta previa de la formación naranja al Gobierno anterior, donde este especificaba que en el año 2016 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no tuvieron constancia de la obtención, trasplante o tráfico ilegal de órganos o trata de seres humanos con fines de extracción de órganos corporales, “mientras que para el año 2017, se tuvo constancia de un caso de obtención, trasplante o tráfico ilegal de órganos, pero que no se inició ninguna actuación al respecto”.