El Gobierno envió recientemente al Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La más conocida como “reforma de la ley del aborto”, impulsada por el Ministerio de Igualdad, inicia su tramitación parlamentaria tras un proceso de escucha incompleto.
Así lo ha puesto de manifiesto el Consejo Económico y Social (CES), institución que recientemente ha emitido un dictamen sobre el texto donde lamenta que el departamento que lidera IreneMontero “incomprensiblemente” ha “obviado” el proceso de diálogo social con los interlocutores sociales “pese a que las nuevas prestaciones inciden directamente en los derechos de las personas trabajadoras y las obligaciones de las empresas”.
El CES duda del diseño jurídico de estas bajas "desde de la necesidad de igualdad de tratamiento de situaciones equiparables, debiendo garantizarse en todo caso la confidencialidad en las causas de baja"
De forma concreta, el CES se refiere a las propuestas de Igualdad para conceder bajaslaborales por situaciones especiales de incapacidad temporal como la de aquellas mujeres que padecen “menstruación incapacitante” o “regla dolorosa”, aquellas que se recuperen de una interrupción voluntaria del embarazo o de quienes se encuentran en la semana 39 de gestación.
Sobre la primera de estas situaciones para obtener la baja, la ministra de Igualdad habló de “un permiso especial” que no requeriría días previos de cotización y que “la mayoría de veces” estaría ligada a patologías previas como la endometriosis o los ovarios poliquísticos. Lo que se pretende hacer es “glosar” estas enfermedades para poder acceder al permiso.
Con respecto a la baja tras un aborto, Montero apuntó a facilitar esta incapacidad temporal a las mujeres “para recuperarse de estas intervenciones”. Mientras, sobre el permiso preparto a partir de la semana 39, la ministra defendió que la mujer pueda beneficiarse de “un acompañamiento durante el embarazo y el parto”.
“NO ESTÁ ADECUADAMENTE JUSTIFICADO”
En el dictamen, firmado por el presidente del CES, AntónCostas, esta institución “no considera adecuadamente justificado y, por tanto, le suscita dudas” el diseñojurídico de estas situaciones “desde el punto de vista conceptual, de coherencia con el esquema preexistente de la protección por incapacidad dispensada desde la Seguridad Social y de la necesidad de igualdad de tratamiento de situaciones equiparables, debiendo garantizarse en todo caso la confidencialidad en las causas de baja”.
Este órgano consultivo insta a "evitar" que la búsqueda de la mejora de la protección de las gestantes "comporte restablecer la analogía entre embarazo y enfermedad, hace tiempo superada"
Y, por otro lado, los integrantes del Consejo Económico y Social subrayan la necesidad de “evitar” que la búsqueda de la mejora de la protección de las gestantes “comporte restablecer la analogía entre embarazo y enfermedad, hace tiempo superada”.
Por eso, al CES le “llama la atención” el uso de la figura de la incapacidad temporal para “cubrir la ausencia del trabajo en la recta final del embarazo”. Para ello, aseguran que existen “otras prestaciones que quizá podrían albergar mejor la protección de la salud y el bienestar de la gestante en esta fase”.
MÁS ENFOQUE DE GÉNERO
A pesar de estos apuntes, el CES valora en términos generales el resto del texto presentado por el Ministerio de Igualdad. Por ejemplo, comparten el objetivo de “reforzar la homogeneidaden el acceso a todas las prestaciones” relacionadas con la salud sexual tras detectar que “no se encuentra garantizado en todo el territorio” ya que ciertas prestaciones “se hacen efectiva de forma muy dispar”.
A juicio de este organismo, “problemas relacionados con la salud menstrual y reproductiva de las mujeres son objeto de infradiagnóstico o diagnóstico tardío. Por ello, aboga por “visibilizar” las dificultades específicas de las mujeres “desde un enfoque antidiscriminatorio e interseccional” como “condición previa” para diseñar soluciones.
Apoyan una Estrategia de Salud y Sexual Reproductiva frente a "carencias estructurales en conocimiento médico, práctica clínica, dispositivos existentes y abordajes preventivos desde la perspectiva de género"
Por otro lado, insta a “fomentar la investigación en salud desde la perspectiva de género, la divulgación de sus resultados y la sensibilización entre el personal sanitario”. Por eso, aplaude que se hable de una nueva Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, calificándola como una “oportunidad” para “solventar importantes carenciasestructurales en conocimiento médico, práctica clínica, dispositivos existentes y abordajes preventivos desde la perspectiva de género”.
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL Y VIOLENCIAS
Al mismo tiempo, el CES “comparte” el propósito de la ley para “profundizar “en el fomento de la educación afectivo-sexual. Sobre esta materia, ven “importante” ahondar en “conductas preventivas para evitar tanto embarazos no deseados como la extensión de enfermedades de transmisión sexual”. Igualmente, apuestan por un enfoque “integral” de esta educación “en todos los niveles” centrada en “el autoconocimiento, el respeto y la eliminación de estereotipos de género”.
Finalmente, el dictamen de este órgano consultivo se refiere a la consideración como “formas de violencia” prácticas como “la esterilización, la anticoncepciónforzosa, el abortoforzoso y la gestación por sustitución”. El CES “comparte” el objetivo de prevenir estas violencias “basadas en el género y la violencia sexual” y “valora” las medidas de la administración centradas en la “reparación integral de las víctimas”, especialmente a quienes están en situación de vulnerabilidad.