El plan del Ministerio de Sanidad para articular una estrategia común –junto a las CC.AA.– a la hora de afrontar las enfermedades respiratorias agudas que proliferan en esta época del año ha vivido un frenazo esta mañana. El departamento de Mónica García ha trasladado a los diferentes responsables sanitarios autonómicos, a través de la Comisión de Salud Pública, un documento que, entre otras medidas, abría la puerta a la vuelta de las mascarillas en determinados contextos de incidencia epidemiológica. Un texto que, finalmente, no ha obtenido luz verde y deberá seguir perfilándose en el marco de esta Comisión.
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado tras la reunión que las CC.AA. del PP “han frenado el documento redactado por sus propios técnicos para tener por primera vez –desde la pandemia de Covid-19– un plan de actuación común frente a la epidemia de virus respiratorios”. Asimismo, Padilla les ha llamado a “recapacitar”.
No obstante, según ha podido saber ConSalud.es, las CC.AA. gobernadas por el PP no han sido las únicas en rechazar este documento previo de Sanidad, otros territorios como Castilla-La Mancha, Navarra y Canarias no han 'comprado' la estrategia ministerial. Asimismo, Asturias y País Vasco no han querido pronunciarse acerca de este punto.
El documento previo que ha llegado este jueves a la Comisión de Salud Pública había sido redactado por técnicos de las diferentes administraciones y planteaba hasta cuatro niveles de gravedad en la incidencia de los virus (de 0 a 3)
Por su parte, fuentes del Ministerio de Sanidad han trasladado a ConSalud.es que este rechazo inicial no supone la paralización de la estrategia, sino un "aplazamiento" para seguir trabajando en un texto acordado de medidas frente a las incidencias respiratorias estacionales.
El documento previo que ha llegado este jueves a la Comisión de Salud Pública había sido redactado por técnicos de las diferentes administraciones y planteaba hasta cuatro niveles de gravedad en la incidencia de los virus (de 0 a 3). Sin embargo, muchas de las CC.AA. han reflejado sus discrepancias con lo redactado por sus propios expertos y han obligado a posponer la votación para seguir estudiando la estrategia. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha valorado tras la rerunión que el documento previo "adolece de criterio técnico" y muestra "cierta improvisación".
Uno de los aspectos que ha generado más controversia han sido las medidas y recomendaciones relacionadas con el empleo de mascarillas en base a los diferentes escalones de riesgo sanitario determinados por los datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas en España (SIVIRA), la presencia de virus en las aguas residuales, las bajas laborales, el Sistema de Información de Vacunaciones (SIVAMIN) o los propios datos autonómicos sobre la ocupación e incidencia en sus centros de salud y hospitales.
El documento previo del Ministerio de Sanidad solo plantea “valorar la obligatoriedad” de los cubrebocas en los centros sanitarios y cuando las “situaciones específicas de vulnerabilidad así lo determinen”
A medida que los indicadores fueran tornándose en preocupantes las recomendaciones irían progresivamente ampliándose, también en lo relativo a las mascarillas. Pese a ello, el documento previo del Ministerio de Sanidad solo plantea “valorar la obligatoriedad” de los cubrebocas en los centros sanitarios y cuando las “situaciones específicas de vulnerabilidad así lo determinen”. Asimismo, otra de las circunstancias que recoge y que no han agradado a todos los responsables autonómicos ha sido la de dar cinco días de baja a los trabajadores de residencias de ancianos y de personas con discapacidad que no puedan ser reubicados en otros puestos durante su infección.
Con todo, las partes se han citado para una nueva reunión extraordinaria de la Comisión de Salud Pública el próximo mes de noviembre para tratar de cerrar finalmente un documento que, posteriormente, deberá pasar después el filtro de los consejeros en un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).