El 'caso Koldo' ha vuelto a protagonizar la sesión plenaria del Senado este martes. María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha defendido que "los contratos que han sido investigados son legales y los procedimientos son correctos", al respecto de una pregunta en la cámara alta.
Concretamente, ha sido el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, el que ha preguntado a Montero sobre el modo en el que el Ministerio de Hacienda controlaba los contratos del Gobierno para el acopio de material sanitario. Pelayo ha hecho referencia a la implicación de la ministra en la compra centralizada de mascarillas durante la pandemia.
Así, Montero ha dejado claro que "los contratosque han sido investigados por los tribunales y que pertenecen a este caso, son legales y los procedimientos son correctos". Igualmente, ha añadido que "el juez no duda en ningún caso de la legalidad de los contratos y de los procedimientos. A partir de ahí se cae todo lo demás".
"Estos contratos fueron controlados y auditados, por tanto el sector público actuó correctamente"
Asimismo, ha explicado que "es evidente que cualquier contrato ordinario en la pública o en las autonómicas, se rige por la ley de contratos del sector público", lo que significa "una fiscalización previa y un posterior control por parte de los organismos auditores". En el caso de los contratos de emergencia, pese a no haber fiscalización previa, "siguen existiendo los controles posteriores" por parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y del Tribunal de Cuentas.
Además, "estos contratos fueron controlados y auditados por estos organismos y lo fueron de conformidad. Por tanto el sector público actuó correctamente". Por ello, Montero ha expresado "todo su reproche" a aquellos que "a pesar de la actuación correcta del sector público, ganaron dinero y se enriquecieron en el peor momento que sufrió este país".
Pelayo ha insistido en que, si se produjeron estos controles posteriores, "¿cómo no saltó la alarma?", a lo que Montero ha respondido que "no pudieron detectar ninguna irregularidad porque no la hubo".
PUENTE RECALCA QUE LA GESTIÓN DE BALEARES TAMBIÉN FUE CORRECTA
Igualmente, la senadora del Partido Popular, María Salom, ha pedido la valoración del Gobierno respecto a "las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible que afirmó que el Ejecutivo balear actuó correctamente en la compra de mascarillas durante la pandemia".
Por su parte, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha "reafirmado" sus palabras, y ha mantenido que, efectivamente, el gobierno balear actuó correctamente. A ello, Salom ha respondido que "este expediente tiene un montón de agujeros negros" y que se debe pedir "la dimisión de Francina Armengol" (en aquel momento presidenta de las Islas Baleares).
Puente, por su parte, ha insistido en que "cuando el gobierno balear tuvo conocimiento de que una parte de esas mascarillas no era correcta, inició un expediente de devolución". Asimismo, ha recordado que "es el gobierno balear del Partido Popular el que ha dejado prescribir el expediente de devolución de esos 2,6 millones de euros en mascarillas".