El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha expresado esta semana su intención de recuperar por completo la normativa que aprobó el Ministerio de Sanidad en la época de Ana Mato con el fin de limitar el acceso a la atención sanitaria a los migrantes que llegan a España y no cuentan con una situación regular, salvo en ocasiones puntuales.
Según ha defendido este dirigente popular, la “ley de racionalización del sistema sanitario de 2012 acababa con el turismo sanitario y ahorraba mil millones de euros”. Ésta, ha subrayado, facilitaba la asistencia sanitaria a los extranjeros en casos como urgencias, embarazos, menores de edad o enfermedades infecciosas.
Casado: "España es un país solidario, de acogida, pero se tiene que hacer por el cauce legal, si no el Estado del bienestar no es sostenible"
Durante un mitin en Gran Canaria, Casado ha expresado que “la llegada de inmigrantes irregulares pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”. Según ha apuntado, “desde que gobierna el PSOE han llegado un 170% más de inmigrantes irregulares a España”. Desde este punto de vista, el candidato del PP a presidir el Gobierno ha manifestado que “España es un país solidario, de acogida, pero se tiene que hacer por el cauce legal, si no el Estado del bienestar no es sostenible”.
A pesar de estas declaraciones, el programa electoral del PP no incluye esta medida sanitaria. Por su parte, sí que defienden el impulso a “una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo” con acciones como la “lucha contra las mafias de inmigración ilegal” o la ampliación de “los tratados internacionales de retorno y expulsión de inmigrantes irregulares”.
DEVOLVER LA NORMA DE MONTÓN
Con esta apuesta, los populares darían un paso atrás al RD aprobado por Carmen Montón que recuperaba la asistencia sanitaria universal. En particular, la norma que fue aprobada en el verano de 2018 garantizaba la asistencia a extranjeros en situación irregular siempre y cuando acreditaran 90 días de permanencia en España o la muestra de un informe social si se trataba de una persona en riesgo de exclusión.
Frente a la preocupación de algunas comunidades autónomas, principalmente las del PP, que temían un incremento del turismo sanitario, Montón aseguraba que el RD incluiría “medidas para el uso adecuado de la norma, que no queden agujeros con ciudadanos que se queden fuera y para que no haya ningún abuso”.