El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales, una norma que busca reforzar y proteger estos servicios fundamentales para todos los ciudadanos. Se trata de la primera ley de este ámbito que recogerá el ordenamiento jurídico nacional y viene a establecer unos criterios comunes mínimos para la asistencia en los Servicios Sociales a cualquier ciudadano en todo el Estado.
Entre la principales medidas que recoge el anteproyecto se incluyen: la consideración de los servicios sociales como servicios esenciales, la aplicación de un catálogo común de servicios sociales en todo el territorio nacional, que la movilidad territorial no implique la pérdida de este derecho (evitando tener que pasar por el mismo proceso al trasladarse entre CC.AA.), el final de los ‘laberintos burocráticos’ (con una historia única digital, sistema de información común, etc) o la eliminación del requisito de estar empadronado para acceder a servicios sociales y prestaciones del catálogo común.
“En muchas ocasiones, estos profesionales han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que tenía que haber garantizado la Administración Pública”
Del mismo modo, la normativa puesta en marcha desde el Consejo de Ministros se fundamentará en un enfoque comunitario, preventivo y centrado en las personas; con equipos multidisciplinares y personal de referencia que seguirá toda la atención de las personas que necesiten la asistencia social, accediendo a su historia social única y a toda la documentación necesaria.
En palabras de Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la ley persigue ser “un balón de oxígeno” para todos los profesionales sanitarios del ámbito de los servicios sociales, como es el caso de los psicólogos. “En muchas ocasiones, estos profesionales han cubierto con su vocación y a costa de sus derechos laborales un servicio que tenía que haber garantizado la Administración Pública”, ha remarcado Belarra. Por otro lado, la ministra ha destacado que será también un avance en el derecho de los ciudadanos que requieran ser atendidos por los Servicios Sociales, quienes verán recogido su derecho a ser asistidos por “lo público cuando las cosas vienen mal dadas”.
La Conferencia Sectorial tendrá el cometido de diseñar un catálogo de prestaciones y servicios mínimos para cualquier ciudadano independientemente de su comunidad autónoma
Tras el Consejo de Ministros, Ione Belarra ha querido aclarar que en los próximos meses la Conferencia Sectorial tendrá el cometido de diseñar un catálogo de prestaciones y servicios mínimos para cualquier ciudadano, independientemente de su comunidad autónoma de de origen o en la cual se encuentre. Esta batería de prestaciones, según la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, deberá ser “muy detallada” en la línea de garantizar una cobertura clara en todo el territorio nacional.
"Este catálogo deberá incluir ratios de profesionales, niveles mínimos de la prestación e indicadores de satisfacción de las personas usuarias", ha añadido Belarra. Del mismo modo, la ministra ha indicado que se establecerá un periodo de tiempo para crear una regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social, unos complementos económicos enmarcados en la Ley de Subvenciones.
PENDIENTE DE APROBACIÓN
Este anteproyecto, aprobado hoy por el Consejo de Ministros en primera lectura, queda pendiente de una segunda vuelta en el Consejo de Ministros y su posterior tramitación parlamentaria para intentar alcanzar la mayoría de votos suficientes para su definitiva aprobación. Si esto se consiguiese, posteriormente las comunidades autónomas deberían acordar en el marco de un Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo los ratios de profesionales sociosanitarios.