En los próximos días se hará efectiva la orden de la subida salarial de 0,25% a los empleados públicos, entre ellos los sanitarios. Este incremento, adicional al del 2,25 ya aplicado, era una de las medidas pactadas entre los sindicatos y la ministra de Política Territorial y Función Pública en funciones y recién elegida nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
Tras asumir su nuevo cargo, quedan pendientes algunas de las iniciativas pactadas con las organizaciones sindicales y que suponían mejores condiciones laborales para los empleados públicos, entre los que se encuentran los profesionales sanitarios.
Con la subida salarial del 0,25% sumada al incremento fijo realizado en diciembre alcanzaría en total un 2,5%
La subida salarial del 0,25% fue acordada entre la cartera ministerial de Batet con los sindicatos en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Concretamente, se estableció que si el PIB se mantiene igual o superior al 2,5% se proporcionaría a los funcionarios un 0,25% adicional. Así, la subida fija del 2,25% alcanzaría en total un 2,5%.
Sin embargo, esta cuestión quedó paralizada varios meses pese a que los sindicatos ya exigieron en varias ocasiones al Gobierno que se aplicase de inmediato y esta misma semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que se está trabajando en ello y que en la nómina de julio se efectuará dicha subida.
OTRAS ASIGNATURAS PENDIENTES
Por otra parte, quedan pendientes cuestiones como la definición completa de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), los procesos de estabilización o el establecimiento de una jornada ordinaria de trabajo común.
Además, el Ministerio de Función Pública firmó con los sindicatos el impulso de la aprobación de planes de igualdad así como el estudio de nuevas medidas de conciliación y de corresponsabilidad. Cabe recordar, por otra parte, que el sanitario es uno de los sectores en los que existe más brecha salarial entre lo que ganan los hombres y las mujeres.
La transferencia de las competencias en materia de sanidad penitenciaria del Ministerio de Interior a las servicios autónomicos de salud. En este momento, tan solo País Vasco y Cataluña cuentan con las competencias transferidas y otras comunidades autónomas como Navarra, Baleares, Canarias o Andalucía se encuentran en proceso de negociación o solicitud de las mismas. Este proceso se realiza de forma interministerial ya que compete a diferentes departamentos su coordinación.