El Consejo de Ministros aprobaba este martes, a petición del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la aprobación de ayudas para las víctimas de la talidomida. El Real Decreto se ha publicado este miércoles en el BOE y las víctimas podrán solicitar las ayudas a partir de este mismo jueves.
El Real Decreto regula las ayudas para tan solo 130 víctimas, las reconocidas tras la evaluación de los casos por parte del Instituto de Salud Carlos III. Este es uno de los puntos de disenso con AVITE, la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España, quien considera que se debería "extender la condición de beneficiario" a los realmente afectados y "no sólo a unos pocos".
La asociación sugiere que, además de los evaluados por el ISCIII es "imprescindible" añadir como alternativa aquel interesado que tenga reconocida una resolución administrativa o judicial de afectado de la talidomida (como por ejemplo haber obtenido jubilación anticipada o beneficiario de otras ayudas recogidas en el RD 1006/2010) o tener un diagnóstico etiológico de la sanidad pública.
"Solo de este modo se evitaría una infracción del art. 14 CE y la contradicción inadmisible en un estado de derecho de que el propio Estado tenga a una persona oficialmente en documento público por afectado por la talidomida -con las prestaciones sociales pertinentes, en su caso-, y sin embargo no lo tenga a los efectos de concesión de la ayuda solidaria que aquí se regula", explican.
AVITE ha emitido un comunicado en el que se felicita por el Real Decreto que "aunque tarde y parcialmente" sea un avance en el reconocimiento de las justas reivindicaciones del colectivo. Sin embargo, la asociación se lamenta porque el Gobierno ha desoído sus alegaciones, entre ellas las de extender esa condición de beneficiario.
AVITE ha emitido un comunicado en el que se felicita por el Real Decreto que "aunque tarde y parcialmente" sea un avance en el reconocimiento de las justas reivindicaciones del colectivo
Además, AVITE tiene otras dos reivindicaciones que son importantes para el colectivo. La primera es una "petición de perdón oficial del Estado" a la víctimas y "especialmente" a sus madres. La asociación cree que ha quedado demostrado que mientras en 1961 "la droga se retiró de todo el mundo en España se siguió vendiendo hasta 1985".
La tercera reivindicación de la asociación es la exención fiscal de las ayudas. AVITE quiere modificar el artículo 7 de la Ley 35/2006 del IRPF que regula las ayudas que están exentas de pagar el impuesto. Así quiere equiparar las víctimas de la talidomida a las víctimas del terrorismo, pacientes de VIH, afectados por la Guerra Civil, las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales; las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio; las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas por daños personales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, entre otras.
"Es obvio que no eximir fiscalmente la ayuda supondría que en gran medida esta perdiera su razón de ser, y por lo expuesto una discriminación manifiesta con los afectados por otros daños en España, y por el mismo daño en el resto del mundo", concluye el comunicado.
CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Según el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el importe de la ayuda varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018).
La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, provocó gravísimas malformaciones connatales que fueron conocidos en los afectados a partir de 1961. Hasta la fecha, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009.