La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que se ha iniciado el segundo de los plazos que puso el Ejecutivo a la Generalitat de Cataluña antes de que procediera a activar el artículo 155 de la Constitución Española y tomar así el autogobierno catalán y controlar, por tanto, la administración sanitaria entre otras.
Lo ha comunicado después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya respondido con claridad al primer requerimiento que le impuso el Gobierno central y cuyo plazo acababa este lunes. Puigdemont tenía que responder si había declarado la independencia o no, pero según se extrae de su carta, no responde ni en uno ni en otro sentido. La misiva del presidente catalán a Mariano Rajoy se resume en una nueva solicitud de diálogo.
Sáenz de Santamaría considera que la aplicación del artículo 155 no significa la suspensión del autogobierno sino que éste "se ejerza con arreglo a la legalidad"
Ante esta situación, el Gobierno ha dado por entendida que sí ha habido una declaración de independencia, sustentada en el discurso de Puigdemont en el parlamento de Cataluña y en la firma de una declaración de independencia, aunque sin validez legal, de su Gobierno junto a los diputados de Junts Pel Sí y la CUP. Por ello, le emplaza a que antes de las 10:00 horas del jueves, Puigdemont revoque esta declaración.
APLICACIÓN DEL ART. 155
La vicepresidenta del Gobierno ha respondido a Puigdemont que “está en sus manos evitar que se den los siguientes plazos”. En este sentido, esperan que en las horas que quedan hasta que se cumpla el siguiente plazo, el presidente de la Generalitat “responda con la claridad necesaria”.
Por su parte, Sáenz de Santamaría ha manifestado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, y que supondría entre otras cuestiones asumir el control de la sanidad catalana, “no es para suspender el autogobierno”. El objetivo según la vicepresidenta es que dicho autogobierno “se ejerza con arreglo a la legalidad”. Finalmente, ha destacado que el Gobierno “no se niega el diálogo”, pero ha aclarado que este debe producirse “dentro del marco legal”.