Después de que el Gobierno central haya anunciado la intervención de las cuentas catalanas para evitar que se destine dinero público en el referéndum del 1 de octubre, el Ejecutivo central asumirá el pago directo de las nóminas a los funcionarios catalanes, entre ellos los sanitarios, durante el tiempo que dure la “situación de excepcionalidad” provocada por los dirigentes de la Generalitat.

Así, y aunque  el listado de empleados públicos catalanes sólo está en posesión de la Generalitat (el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pedido al Govern la lista de nóminas para pagarlas), según el proyecto de presupuestos de Cataluña de 2017, el número de efectivos de la sanidad pública catalana es de 72.183, de los cuales, 38.627 son funcionarios, 28.838 personal laboral fijo y el resto personal temporal o altos cargos.

Los presupuestos catalanes de 2017 cifran en 72.183 el número de efectivos en la sanidad pública, cuyas nóminas tendría que pagar el Gobierno central en los próximos meses

Para todos ellos, el presupuesto reservado al pago de las remuneraciones suma un montante de 3.359 millones de euros, lo que, dividido en doce meses, supone un pago de 280 millones de euros mensuales, que serán los que tenga que asumir el Gobierno de Mariano Rajoy sólo para el pago de las nóminas (el Ejecutivo también tendrá que pagar a las farmacias y a otros proveedores sanitarios catalanes).

La medida, sin embargo, ha sido rechazada por el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, que ha anunciado este martes que el Tribunal Supremo ha aceptado a trámite el recurso presentado por el ejecutivo de Carlos Puigdemont y ha dejado en “suspenso” cautelar la intervención de las cuentas catalanas.

No obstante, el propio Tribunal Supremo ha desmentido posteriormente esta suspensión cautelar, alegando que la admisión a trámite no suspende la actuación del Estado y que da 10 días de plazo a las partes para acercar posturas, según recogen medios nacionales.