La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto a las comunidades autónomas la creación de un grupo político de trabajo para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y, como consecuencia, estudiar las necesidades de inversión de los servicios que prestan las autonomías, como son la sanidad, los servicios sociales o la educación.
Este grupo, que se pondría en marcha a partir de septiembre, serviría como labor de apoyo a los trabajos ya desarrollados por el grupo de expertos creado tras la Conferencia de Presidentes de principios de 2017 y que estaba formado principalmente por técnicos.
Con este anuncio, Montero intenta calmar a los dirigentes regionales después de haber descartado una reforma integral del sistema de financiación durante la presente legislatura
Desde el Ministerio de Hacienda han apuntado que estas reuniones políticas ayudarán a “introducir mejoras en el actual sistema de financiación para hacerlo más solidario y equitativo”. De esta manera, el primer objetivo que se marca es el de “analizar la insuficiencia financiera de las comunidades autónomas y proponer posibles soluciones”.
Con este anuncio, transmitido a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este jueves, Montero intenta calmar a los dirigentes regionales después de haber descartado una reforma integral del sistema de financiación durante la presente legislatura al no contar con el tiempo ni los apoyos suficientes.
Desde el punto de vista sanitario, Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha apostado por retomar tanto el Fondo de Cohesión Sanitaria como el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) con el objetivo de que éstos “cumplan con la idea inicial de prestar la asistencia en condiciones de equidad en cualquier parte del territorio”. Así lo dio a conocer en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad.
2.500 MILLONES PARA LAS CC.AA.
El nuevo objetivo de déficit servirá a las CC.AA. para gastar 2.500 millones de euros más en la prestación de servicios públicos, como la sanidad
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado ese viernes los objetivos de déficit para el periodo 2018-2021, tras negociarlos con Bruselas y comunicárselos a las comunidades autónomas. Para el 2019, el objetivo de déficit público será del 1,8% del PIB, cinco décimas más del 1,3% que preveía el anterior Gobierno.
De este 0,5% más, una décima se destinará a la Administración Central, por lo que aumentará sus recursos en 1.000 millones de euros. Otras dos décimas, para la Seguridad Social, con un incremento de 2.500 millones. Finalmente, las dos décimas restantes se proporcionará a las CC.AA. que disfrutarán de 2.500 millones de euros más para gastar en la prestación de servicios públicos, como la sanidad.